Avanza el proyecto de instalación de rejas en la Plaza de Mayo

La Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña emitió hoy dictamen en torno al proyecto del Ejecutivo local que convalida la instalación de rejas en la Plaza de Mayo, sobre las cuales rige una orden judicial para su retiro.

El expediente fue firmado por los diputados del oficialismo, en tanto que desde la oposición plantearon sus diferencias con la medida al considerar que la permanencia del enrejado "mutila" la Plaza de Mayo.

La legisladora de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, quien preside la Comisión, explicó que "el proyecto en consideración viene a cumplir una manda judicial (acto necesario) que dictaminó que la Legislatura debía modificar la normativa" que rige la disposición urbana en la zona de la Plaza de Mayo.

La iniciativa, en rigor, fue enviada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar el Código Urbanístico en el capítulo que abarca las áreas de protección histórica a instancias de una orden judicial que declaró "ilegal" al enrejado colocado por la administración porteña.

En el proyecto se autoriza "la instalación de un cerco de seguridad emplazado de modo transversal desde avenida Hipólito Yrigoyen hasta avenida Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista".

"La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada", se indica.

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Para Roldán Méndez, "las rejas buscan preservar la seguridad de la Casa Rosada y del Presidente, y son mejores que las vallas que habían anteriormente y que venían desde hace más de 15 años".

En oposición, el legislador socialista Roy Cortina analizó que la permanencia del enrejado "mutila a la Plaza de Mayo, la fragmenta por sugerencia de la Casa Militar de la Casa Rosada como una medida de seguridad".

El proyecto será debatido en el recinto en las próximas semanas y requerirá al menos de 31 votos para su aprobación y de una doble sanción, es decir dos debates legislativos y una audiencia pública destinada a que la ciudadanía pueda expresar su postura al respecto.