En dos años, los femicidios dejaron a 3.378 niños sin sus madres

Sólo entre 2015 y 2017, un total de 3.378 niños y niñas perdieron a sus madres como resultado de los 871 femicidios que tuvieron lugar en nuestro país. Esa realidad, registrada por el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro, dio lugar a que semanas atrás quedara reglamentada la Ley Brisa, la primera iniciativa legislativa para contener, al menos económicamente, a los sobrevivientes de una tragedia nacional.

La Ley Brisa –denominada así en homenaje a la hija de Daiana Barrionuevo, asesinada por su ex esposo en 2014- permite que los hijos e hijas de víctimas de femicidios reciban una reparación económica equivalente a una jubilación mínima, lo que significa unos 8.636 pesos por mes.

Este beneficio, que podrá ser tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres, incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad, y tendrá carácter vitalicio en el caso de personas con discapacidad.

Como establece la Ley, aprobada por el Congreso en julio del año pasado, los beneficiarios serán “la niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”.

La norma también incluye el caso de menores en los que “la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora se haya declarado extinguida por muerte; o que cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.

La Ley, como se recordará, fue impulsada por organizaciones civiles que comenzaron a observar que tras cada femicidio había niños que, con sus madres muertas y sus padres muchas veces detenidos como autores, quedaban en una situación de desamparo total.

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“Comprendimos que el Estado no se estaba haciendo cargo de estos menores, cuyas familias extendidas muchas veces no los pueden tener. Es una injusticia que los hermanos sean encima separados después del femicidio por la falta de medios económicos y la imposibilidad de sus familiares de hacerse cargo de ellos”, explicó en su momento Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, una de las organizaciones que impulsó la aprobación de la Ley.