Demandaron a los padres de jóvenes que incendiaron una escuela en Lanús

Autoridades de la Dirección de Educación bonaerense y del municipio de Lanús denunciaron hoy penalmente a los padres de los adolescentes que iniciaron un incendio en la escuela República de Panamá (E.E.S.T. 7) de la localidad de Valentín Alsina, lo que provocó la destrucción de la biblioteca y tres aulas para que respondan por los daños materiales.

Diego Kravetz, jefe Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, afirmó que "es el primer caso que llega a juicio en la provincia" de Buenos Aires. "Luego de dar con la identidad de los dos jóvenes encontrados como autores materiales del incendio de esa institución educativa, el municipio de Lanús decidió demandar (penalmente) a sus padres, con el objetivo de que sean ellos quienes respondan ante los daños materiales causados", informó la comuna.

El incendio, que ocurrió en la madrugada del último 23 de febrero, se resolvió a partir de la visualización de filmaciones de cámaras de seguridad que fueron analizadas por personal policial, que logró identificar a los responsables del incendio, uno de ellos estudiante de la institución.

El intendente Néstor Grindetti y el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, encabezaron la demanda. En octubre de 2017 el Gobierno bonaerense promovió que se demandara por daños y perjuicios a los padres de alumnos menores de edad que fueran identificados como autores de amenazas de bombas a escuelas, tras el aumento de esas intimidaciones que sumaron 2.400 en poco más de un mes.

En el escrito presentado ante la Justicia, Grindetti y Sánchez Zinny expresaron que "los daños ocasionados no son sólo materiales, sino que además son morales: se ha puesto en peligro la seguridad pública".

Según lo informado en la denuncia por la Dirección de Inspección de Obras Particulares de Lanús, los alumnos de la escuela deberán "abstenerse de utilizar zonas afectadas por el incendio hasta reparar los daños ocasionados", hecho que consideraron vulnera "los derechos constitucionales de la comunidad educativa, en especial enseñar y aprender".

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Durante el auge de las amenazas en las escuelas, el gobierno bonaerense remarcó que si bien se trata de "un delito excarcelable, se decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos".

Por último, Kravetz explicó que si bien la denuncia penal incluye algunos aspectos de una denuncia civil, el municipio se reservó el derecho de iniciar otra demanda por acciones civiles.