Ley de Víctimas, un cambio de paradigma

Senador provincial (UCR)

Un día histórico. Después de mucho trabajo, debate, idas y vueltas, la ley de Víctimas es una realidad en la Provincia de Buenos Aires. Es una ley trascendente que le otorgará protagonismo dentro del sistema de Justicia a quienes por años estuvieron postergadas, haciendo que sus voces sean oídas y tenidas en cuenta.

Sin lugar a dudas, su sanción es un paso más en favor de la ampliación de derechos. A través de ella estamos saldando una enorme deuda que nos debíamos como sociedad, y que les debíamos a las víctimas y a sus familiares. Ellas saben mejor que nadie lo difícil y doloroso que era transitar estos procesos donde no solo sufrían por el delito, sino también por el destrato y abandono que han sentido por parte del Estado durante todo este tiempo. Las víctimas fueron ignoradas, excluidas durante la investigación del hecho y convertidas en meros espectadoras en las distintas etapas del proceso, sin poder asumir un rol activo.

Desde su génesis el derecho penal argentino se ha esforzado por el respeto irrestricto de la aplicación de las garantías procesales del imputado. Así, se genera la sensación de que la única parte a la cual la legislación debe proteger es al procesado. La sanción de la Ley 27.372 significó un cambio de visión acerca del proceso penal a partir del cual el Estado nacional recepta jurídicamente que un delito no afecta únicamente a los intereses de la sociedad, sino que constituye un daño psicológico, físico, y moral a una persona y grupo familiar, motivo por el cual la víctima pasa a tener un rol importante tanto en la instrucción como así también en el juicio y debate posterior.

Este avance jurídico receptado en la legislación nacional nos impuso como legisladores bonaerenses la necesidad de readecuar la legislación procesal para garantizar el acompañamiento efectivo e integral de las víctimas. Actualmente hay una ley nacional al respecto, pero lo cierto es que en la faz práctica hay jueces que la aplican y jueces que no. Es por ello que adecuar nuestra legislación provincial era de vital importancia, ya que estaba en juego el derecho de acceso a la justicia de quienes han sido víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, derecho que esta ley de víctimas recientemente aprobada en la Provincia de Buenos Aires tiene por objeto promover y garantizar. Como así también, otorgarles una mayor protección y garantizarles un acceso a la Justicia efectivo y real.

A su vez, la ley recoge el derecho humano a ser oídas, a recibir un trato justo, a la verdad, a una reparación adecuada, colocando a la víctima en un lugar preponderante en el proceso penal, y dotándola de todas las garantías del debido proceso.

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En el proyecto que felizmente se convirtió en ley en la Provincia, las víctimas pueden intervenir en el proceso ante su mera solicitud. Podrán contar con asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso, y protección personal en todas las etapas procesales. Se considera a la víctima directa, a la indirecta (grupo familiar), y a las víctimas colectivas o difusas (asociaciones y organizaciones respecto de delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social).

Se consagran derechos y garantías específicos para la investigación penal preparatoria, para el debate, y para la ejecución de la pena, y derechos y garantías comunes a todas las etapas del proceso, tales como recibir trato digno y respetuoso, procurar su no revictimización, requerir medidas de protección para su seguridad y la de su familia, a ser acompañada por un equipo interdisciplinario, a ser escuchada, a recibir información, a prestar declaración en su domicilio o dependencia especial, entre otros.

Sin embargo, un punto importante de esta ley, es que crea la figura del abogado de la víctima, que representa los intereses personales e individuales, con independencia del fiscal que representa los intereses generales de la sociedad y la legalidad. A partir de esta figura, se hace operativa la garantía judicial de obtener una tutela efectiva a quienes han sido víctimas del delito.

Esta ley que hoy celebramos ha sido el logro de un trabajo mancomunado con organizaciones, académicos, especialistas, víctimas y familiares, donde todas las voces fueron escuchadas con atención y respeto en el tratamiento que tuvo el proyecto en las comisiones permanentes del Senado bonaerense. Y seguiremos trabajando con ellas en forma conjunta en el ámbito del Observatorio de Víctimas creado en la Legislatura, para generar políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas el ejercicio efectivo de sus derechos.

Esta ley es un hito en la historia del sistema de justicia en la Provincia de Buenos Aires, un cambio de paradigma a partir del cual tendrán una participación real y efectiva. Por supuesto que la lucha continúa, y queda mucho trabajo por delante. Pero a partir de ahora, las víctimas podrán alzar su voz.