Las 24 ciudades argentinas que podrían convertirse en "capitales alternas"

El Gobierno remitió hoy al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca declarar "capitales alternas" a 24 ciudades por los próximos cuatro años y que pretende poner en marcha un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales, con el objetivo de fomentar el "federalismo", potenciar el "desarrollo equitativo" y atender las "problemáticas" particulares de cada distrito.

La iniciativa, que ingresó esta mañana al Senado, propone en su artículo 2 la creación del Programa Gabinete Federal, destinado a "realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción".

El “Gabinete Federal”, que iba a tener su estreno en la localidad balnearia de Mar del Plata en enero y que debió ser suspendido por los viajes al exterior del Presidente, finalmente se concretará a finales de febrero en una de las “capitales alternas” de la Patagonia, según trascendió desde Casa Rosada.

Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.

También figuran en el proyecto Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como "capital alterna", la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.

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Cuando era candidato presidencial, Alberto Fernández había propuesto "crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar 'in situ' los problemas".

"Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto", dijo Fernández en septiembre.

El proyecto estableció que el Ministerio del Interior se encargará de "coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones" y fijó que los encuentros sean "convocados con una periodicidad no mayor a 30 días".

El plan establece un cronograma de 24 reuniones en 24 meses y siempre con la presencia del Presidente y del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, el “articulador” de la iniciativa frente a los gobiernos provinciales y municipales.

Otros cinco ministros que formarán parte de esa comitiva irán rotando “de acuerdo a la agenda y las problemáticas” de cada distrito, por las que estarán también el gobernador y el intendente local junto a sus equipos de gobierno.

En tanto, el artículo 5 del proyecto agregó que "los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación".

En un mensaje dirigido al Parlamento que acompaña al anteproyecto, el Presidente aseguró “de acuerdo con el principio fundamental del federalismo todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones” aunque, sin embargo, “una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones” y que esas "asimetrías territoriales deben ser objeto de políticas públicas que busquen su superación”.

“Es necesario, asimismo, lograr un desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas, que favorezcan un genuino proyecto en común para todos los habitantes de nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que la articulación de las funciones entre la Nación y las provincias "debe buscar garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras” y, al mismo tiempo, "se debe procurar acercar el Gobierno Nacional a las realidades de las jurisdicciones, así como también, impactar positivamente en las economías regionales”.

Por último, Fernández concluyó que para alcanzar la “prosperidad del país, el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social y el desarrollo igualitario de las provincias” es necesario llevar adelante un “federalismo cooperativo y horizontal”.