Vicentin: la alternativa que maneja Lavagna al proyecto de expropiación anunciado por el Gobierno

"Se habló de soberanía alimentaria... Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos..., pero haciéndonos oír y actuando", tuiteó al día siguiente que el Gobierno anunciara su intención de expropiar la empresa Vicentin, la cual ya fue intervenida.

El ex ministro de Economía se refería a lo que fue la expropiación de YPF en 2012. "Hace gunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien", indicó, y agregó que cuando se utilizó esa consigna hubo "baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social".

Ahora, se sabe que el líder de Consenso Federal, al que el presidente Alberto Fernández consulta muy seguido, está trabajando en un proyecto alternativo que deja afuera la opción de la expropiación.

En conjunto con los diputados del espacio, algunos de los cuales han desempeñado cargos ejecutivos en áreas vinculadas con el campo, el ex candidato a presidente comenzó a delinear un boceto de cómo abordar la situación de la cerealera, quien se encuentra en concurso de acreedores por una deuda de 1.350 millones de dólares e intervenida por el Estado pese a que estaba interviniendo la Justicia.

Entre los principales argumentos que en su momento señaló el Gobierno, están que Vicentin se convierta en una empresa testigo, que servirá para garantizar la soberanía alimentaria y el temor a que pudiera terminar en manos de capitales extranjeros.

El primero de los argumentos, el de la empresa testigo, quedaría rápidamente fuera de discusión por el tamaño de la empresa y porque los precios de los granos los fija Chicago o China, indican desde el espacio de Consenso Federal.

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El de soberanía alimentaria, al que públicamente el propio Lavagna cuestionó, también ya que Vicentin se dedica a exportar el 95% de su producción de harina o aceite de soja.

El que podría quedar en pie es que frente a la situación que atraviesa no quede en manos de capitales extranjeros. Y desde el sector que conduce Lavagna creen que para ello no es necesaria su expropiación sino la implementación de la "acción de oro", según la cual el Estado tendría el poder de vetar decisiones del directorio de la empresa.

El directorio de la empresa continuaría al frente de las decisiones operativas y comerciales, no así tanto las de tipo estratégicas, y en el caso de que en algún momento una compañía extranjera hiciera una propuesta para quedarse con la firma y el directorio diera su consentimiento, el Estado, a través de su representante, tendría la capacidad de neutralizar ese potencial acuerdo.

Por el momento en Consenso Federal trabajan en un esquema, no hay proyecto todavía, pero sí avanzan mientras aguardan si el Gobierno termina plasmando en la práctica lo que viene anunciando. De manera que si el oficialismo finalmente envía al Congreso el proyecto para expropiar Vicentin, es muy probable que al mismo tiempo el sector liderado por Lavagna haga lo mismo, pero con una iniciativa diferente.