De la polémica al reconocimiento

La historia reciente de la lucha de gays y lesbianas por acceder sin restricciones a sus derechos civiles se remonta a inicios de los ‘90, cuando el dirigente platense Carlos Jáuregui intentó impulsar una ley de Matrimonio Civil, sin éxito. En 1998, 2002 y 2004, a instancias de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), la diputada nacional Laura Musa (UCR) presentó un proyecto en el mismo sentido, también presentado en 2000 por la diputada, también radical, Margarita Stolbizer. Pero no prosperaron.

En diciembre de 2002, se aprobó en la capital federal la Unión Civil (Ley 1004), en base a un anteproyecto presentado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). La norma, que tuvo un apoyo legislativo heterogéneo, reconoció a todas las parejas, independientemente de su género, los mismos derechos y beneficios que la Ciudad Autónoma les reconocía a los matrimonios. Al tiempo, se sumaron la provincia de Río Negro, y las ciudades cordobesas de Villa Carlos Paz y Río Cuarto.

En 2010, la diputada nacional Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social -aliado del Frente para La Victoria-, quien ya había presentado una iniciativa similar tres años antes en el Senado, impulsó su tratamiento en la Cámara Baja, donde se analizaba un proyecto similar de la legisladora socialista Silvia Augsburger. Finalmente, se convirtió en ley el 15 de julio.

En la actualidad, el debate sobre la legalidad y los alcances del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más agitados y dinámicos del mundo occidental. Las primeras leyes en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas entrado el siglo XXI. Hasta mayo de este año, 29 países (Alemania, Argentina -que fue el décimo en sumarse-, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Uruguay) permiten casarse a las parejas del mismo sexo en la totalidad o parte de su territorio.