Las tormentas de febrero (tal vez no sean las últimas)

El “Vacunagate” sacudió el escenario político, y si algo faltaba para aumentar el revuelo de estos días, llegó ayer la condena al clan Báez, y a todo el elenco de la financiera conocida como “La Rosadita”. Sepultada quedó la acción psicológica sobre juicios políticos, así como el cúmulo de argucias ensayadas como “teoría” del lawfare. Fueron condenados por lavado de dinero, no por otra cosa y la condena provino de la Justicia, no de tribunales populares ni mediáticos. Y si queda alguna duda, todavía circulan los videos donde se los ve a varios personajes en “La Rosadita” no contando sino pesando dinero.

Los hechos del pasado fin de semana y esta condena confirman, una vez más, la eficacia de la labor del periodismo para iniciar la investigación de corruptelas de costo millonario para toda la sociedad. Por otro, la ineficacia, cuando no inoperancia, de organismos de auditoría y “control” de gestión a nivel nacional y provincial. ¿Sirven realmente para evitar, prevenir, y avanzar en investigaciones judiciales de esta suerte de “crony capitalism” o “capitalismo de amigos”? Cuesta encontrar evidencia convincente para dar una respuesta positiva a esta pregunta.

El episodio del “Vacunagate”, a su vez, sigue en el candelero como del uso del poder de manera discrecional y selectiva. No hay diferencia entre el favoritismo para amigos y parientes para licitaciones públicas y cargos en el Estado, con el aplicado para apartar vacunas y aplicarlas sólo a ciertos grupos de privilegiados. Implícita o explícitamente, el mensaje a la “plebe” es el lamentable “no te metas”, como pareciera prevalecer en la provincia de Formosa, y probablemente en varias más. No es otro que el del inmortal Viejo Vizcacha de “Martín Fierro”: “Hacéte amigo del juez; no le des de qué quejarse; y cuando quiera enojarse vos te debés encoger, pues siempre es güeno tener palenque ande ir a rascarse”.

Se impone ahora un cambio y de manera integral. Una reingeniería que Gorbachov resumió casi cuatro décadas atrás en 2 palabras simples y potentes: perestroika y glasnost (reestructuración/reforma y transparencia/apertura/tolerancia a la disidencia). Reformas sin transparencia, conducen al capitalismo de amigos, para sostener sin sanción alguna a una nueva oligarquía, de funcionarios públicos que luego tratan de eternizarse en el poder. En gran medida para no rendir cuentas.

Estos episodios, naturalmente condicionan las expectativas en torno del flamante Consejo Económico y Social. Las mesas sectoriales en curso muestran avances más auspiciosos que las mínimas expectativas del año pasado. Pero, como lo observamos este lunes, es una instancia cuyo funcionamiento y utilidad práctica exige confianza. Confianza definida en creer en la buena fe del otro, lo cual vale, de mínima, para el propio Estado.

Los episodios de esta semana hacen trizas en gran parte esa confianza. La sociedad, y no sólo en materia de decisiones económicas y financieras, está al filo de la saturación de las “picardías” y corruptelas como las que se vienen descubriendo en las últimas tres décadas. El resultado es el previsible: la pérdida de interés en el exterior por hundir capital en Argentina. Y esto se paga, con menor crecimiento, menor empleo, y recurrentes crisis de balanza de pagos e inflacionarias. Y también con mayor profundización de la “grieta”. El “que se vayan todos” vuelve a flotar en el aire.

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La realidad en este mes se ha tornado adversa para las autoridades. Invocar culpas a la herencia de 2019 suena a evocar la prehistoria. La sociedad ahora exige no sólo volver a cierta “normalidad sanitaria” sino a un mínimo de eficacia y decencia en la gestión pública. Y esto, mal que les pese a las autoridades, requiere eficiencia, transparencia y más libertad económica.

Una economía con libertad “amputada” o condicionada no sólo tendrá limitaciones para reaccionar en el corto plazo, sino para restaurar la credibilidad y la confianza en las políticas en curso y en las autoridades. El sector agropecuario vive pendiente de cuándo volverán a aumentar las retenciones a las exportaciones. Los productores de alimentos y las cadenas de supermercados, a la espera de nuevos patrullajes de control de precios, y eventuales multas por desabastecimiento u otras causales. El mercado inmobiliario soporta inequívocas dificultades con una ley de alquileres que desalienta la oferta de viviendas y que tornará inevitable en el futuro nuevas controversias para derogar la nueva legislación vigente que perjudica inequívocamente a los futuros inquilinos.

Por otro lado, junto a la reactivación del mercado interno, se requiere mejorar el saldo de la balanza de pagos, pero todo indica que la política a seguir este año se focaliza tratar de bajar la inflación vía atraso del tipo de cambio nominal y también del tipo de cambio real. Es justamente lo que no pocos funcionarios actuales y del período 2002-2015 han criticado al más que demonizado “neoliberalismo” de los años ’70 y ’90.

En esta marea confusa, y sin cambio alguno, la volatilidad de precios relativos e ingresos reales no puede sino aumentar, de modo que el esfuerzo estabilizador con atraso cambiario y patrullaje policial a empresas del sector alimenticio enfrentará serias dificultades. Los líderes sindicales demandan recuperar el poder adquisitivo perdido entre 2018 y 2020. Las empresas de precios regulados, están entre exigir mayor libertad para ajustar precios y tarifas, o subsidios. El FMI quiere cobrar, pero las autoridades priorizan más el mercado interno que la generación de divisas. Y en el mientras tanto no dejan de autorizarse aumentos a los precios de los combustibles.

En suma, un “juego” complejo (y confuso) en el que de alguna forma se requiere el liderazgo de una administración libre de toda sospecha de favoritismo, o de influencias externas sobre el Poder Judicial. Esto es, un cambio con transparencia, hacia una atmósfera institucional diferente, menos hostil a la inversión real y al funcionamiento de los mercados, con menos discrecionalidad de los funcionarios y que inspire confianza. Aparentemente imposible hoy, pero que tarde o temprano deberá tomarse en serio. No solo con relación a la elección legislativa de este año que asoma como una pesadilla para el oficialismo, sino respecto a retomar o no un sendero de crecimiento sostenido. Algo que, sin certidumbre jurídica ni mejores perspectivas empresariales, cuesta entender cómo se podrá lograr más allá del rebote estadístico que se espera para este año.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL). Opinión publicada en eleconomista.com.ar