Un tripulante del avión venezolano detenido en Ezeiza lanzó una denuncia contra un área del Gobierno

Uno de los 19 tripulantes del Boeing 747 venezolano que permanece varado en Ezeiza desde hace diez días, presentó una denuncia penal por "allanamiento ilegal" contra un sector del gobierno argentino, en lo que es el primer contraataque oficial por el caso de la aeronave con posibles vínculos con el terrorismo internacional. 

La denuncia fue formulada por Víctor Pérez Gómez, de nacionalidad venezolana, quien comparte tripulación con otros 14 venezolanos, además de los cinco iraníes en torno a quienes se investiga si existen vínculos con una organización denominada Al-Quds, considerada de terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Por estas horas, los sospechosos permanecen en un hotel de Canning, cerca del Aeropuerto de Ezeiza, a la espera de definiciones de la Justicia. 

Según publicó hoy La Nación, Pérez Gómez le apuntó en la denuncia al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, por "allanamiento ilegal", en alusión a los procedimientos que se realizaron sobre al aeronave el viernes de la semana pasada en momento en que el caso todavía no se había judicializado. La PSA está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández. 

Según se supo, Pérez Gómez, uno de los responsables del vuelo que ingresó a la Argentina en medio de las advertencias de los servicios de inteligencia de Paraguay y Uruguay, dio su versión sobre el ingreso del avión en territorio argentino. Mientras tanto, el juez federal Federico Villena inspecciona computadoras y teléfonos de las 19 personas que llegaron a bordo en el Boeing 747, todas representadas por el mismo abogado. Según trascendió, el magistrado cruza datos para saber si existe vínculos con el terrorismo islámico. 

El denunciante, que además es gerente general de operaciones de la compañía Emtrasur, propietaria del avión y a su vez parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) -dicha empresa fue sancionada por los Estados Unidos en 2020-  le solicitó el martes a Villena ser querellante en la causa, es decir, que lo reconozca como víctima. 

En el documento le endilgó responsabilidades a Glinski y a la PSA. También formuló críticas a Shell por no dejar cargar combustible sin dar una "razón concreta" y al gobierno de Uruguay, que impidió que el avión aterrizara en el vecino país. "No solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente", señaló. 

Asimismo, relata que el miércoles 8, tras ser rechazado en Uruguay, el avión retornó a Ezeiza, en donde debió someterse a un control exhaustivo a cargo de la PSA, que ese mismo día escoltó a los tripulantes hasta el hotel de Canning. Dos días después la PSA encabezó otra revisión de la aeronave que es la que Pérez Gómez consideró "ilegal". 

Por su parte, la PSA sostuvo que la denuncia "no tiene asidero". "Tenemos la posibilidad de revisar todos los vuelos no regulares y lo hacemos muy frecuentemente", retrucaron desde la dependencia. Asimismo, explicaron que estos controles se agudizaron después del caso de los hermanos Juliá, condenados por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína a España en un vuelo privado. 

En ese sentido, en la PSA citaron el artículo 13 de la resolución 175/2011, dictada por Nilda Garré, que establece que la autoridad de seguridad aeroportuaria “podrá hacerse presente en la posición de estacionamiento de la aeronave, a fin de efectuar la inspección del interior de la misma, incluyendo sus bodegas y compartimientos de alojamiento de suministros”. Destacaron que en el caso del avión venezolano, además, “la tripulación estuvo presente y quedó todo firmado”.