El conflicto mapuche y el impacto en Vaca Muerta

Columnista de la agencia EFE

La provincia de Neuquén, donde se desarrolla la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, busca que una propuesta de consulta a las organizaciones mapuches reduzca el conflicto con las empresas que explotan el gas y petróleo en la zona debido a sus demandas territoriales y ambientales.

Este protocolo responde a que el Estado argentino no terminó de relevar a las comunidades indígenas -a las que la Constitución del país reconoce la “preexistencia étnica y cultural” y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan-, tal como lo estipula la ley.

Al mismo tiempo apura la explotación de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y la cuarta en petróleo no convencional del mundo, antes de que sea inevitable la transición energética y como una apuesta a la independencia energética y el desarrollo económico.

“Se crea el conflicto cuando el Estado autoriza, entrega una concesión y la empresa pretende ingresar con esa mera concesión”, explicó Jorge Nawel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. El concesionario se encuentra, de esta forma, “con un conjunto de familias que desde tiempo inmemorial están en ese lugar”, agregó.

Las empresas sostienen, por su parte, que en el territorio de Vaca Muerta no había mapuches, sino que aparecieron cuando comenzó el interés por explotar la zona y que surgen cuando hay un proyecto nuevo: “Hay mucha plata en juego”, apuntaron desde las compañías petroleras.

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Ante la urgencia de construir el gasoducto Néstor Kirchner para transportar gas desde Vaca Muerta antes del invierno de 2023, el Gobierno neuquino reflotó el protocolo, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé una consulta a los pueblos indígenas para llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento de las medidas que los puedan afectar directamente.

Las petroleras, que reconocen que los mapuches “tienen capacidad de daño” y “más cuando se está corriendo con los tiempos”, están de acuerdo con el protocolo.

El Ejecutivo neuquino negocia el contenido del protocolo -“Si hay consensos y acuerdos, hay inversión”, afirmó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2022-, que se demora por diferencias internas entre los mapuches.

“Mientras no se aplique bien y no sea un instrumento útil para el resguardo de los derechos, vamos a continuar con el mismo escenario de conflicto, porque el pueblo mapuche tiene que resguardar los derechos de alguna forma”, explicó el portavoz de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Uno de los ejes centrales de la negociación es que el protocolo se pueda realizar a las comunidades mapuche que no cuentan con personería jurídica, lo que despierta sospechas de la aparición de falsos mapuches: “Doble irresponsabilidad. Doble ilegalidad”, respondió Nawel, porque el Estado, además de no registrar a las comunidades, no las consultaría.

CONFLICTOS y derechos

La Confederación Mapuche de Neuquén está conformada por 64 comunidades, de las cuales diez no cuentan con personería jurídica, en tanto sólo el 20 % tiene propiedad de la tierra y el resto “está en total inseguridad” y “esa inseguridad se traslada a todo el que quiera ingresar”, explicó Nawel.

En los territorios donde están reconocidos los derechos ancestrales de los mapuches, las petroleras les pagan un derecho de servidumbre y el vínculo es legal y formal. Pero donde el relevamiento no está hecho ni hay consulta previa, las comunidades toman medidas de fuerza para hacer valer sus demandas ambientales y las empresas dicen que son chantajeadas para contratar los servicios que los mapuches ofrecen, como transporte y catering.

Los conflictos “tiran abajo la eficiencia” de las inversiones, dicen las petroleras, y agregan que para recibir financiamiento internacional deben respetar a las comunidades, por lo que tratan de tener los vínculos lo “más sanos posibles” y tener gente especializada que pueda negociar con ellos.

“Si pudiéramos expulsarlas de nuestro territorio, lo haríamos”, respondió Nawel, para quien Vaca Muerta ha sido “una mala noticia”, porque las petroleras contaminan el medioambiente, “quiebran la relación interna” de la comunidad y con ellas adentro no pueden “pensar en desarrollar” el territorio.

Una parte de la sociedad argentina considera que el protocolo neuquino “es una declinación de la soberanía” y que los mapuches se “convirtieron en referentes guerrilleros”, tal como declaró Miguel Ángel Pichetto, uno de los dirigentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.

Los mapuches y los ambientalistas acusan de discriminatorio y racista ese discurso.

Para el abogado ambientalista Enrique Viale, existe una “campaña de demonización por el avance de Vaca Muerta” para debilitar a los mapuches, que “fueron corridos desde la Campaña del Desierto (siglo XIX) a los sectores marginales de la Patagonia”, en donde se ha instalado la técnica del ‘fracking’ para la explotación de gas y petróleo.