Momento clave pero no libre todavía de alguna incertidumbre

Las inmobiliarias viven un momento especial, no tanto por las operaciones de ventas (planchadas desde un tiempo atrás), si no por lo que parece ser un resurgimiento de la actividad dentro del mercado de los alquileres. Así, empiezan a dar forma a un esquema que retoma usos tradicionales, previos a las leyes últimamente cuestionadas: contratos a dos años para la vivienda y actualizaciones cada tres o cuatro meses.

De acuerdo a la opinión generalizada en el ambiente de los martilleros y martilleras, crecen las consultas y a la vez comienzan a tener alguna respuesta los inquilinos frente a una oferta que empieza a ensancharse después de largos meses recesivos.

Lo que se está dando, según aseguran en el sector, es que propietarios que se habían retraído o se habían desviado hacia otros mercados comienzan a regresar al nicho de los alquileres. “Se trata acuerdos más artesanales”, definieron el tipo de contratos que se están firmado por estos días.

En las inmobiliarias se busca que los acuerdos se sellen de manera “más moderada y prudente”, en un contexto que por ahora remite a una experiencia tipo laboratorio, pues todavía se presentan distintas dudas e inquietudes, ya que se desconoce qué va a pasar con la inflación y los salarios.

Con respecto a los valores, el sector apuesta a lo clásico: el libre juego de la oferta y la demanda por venir. Se sostiene que los precios los va a regular la misma oferta.

Este nuevo marco, con su tono desregulador, abre un amplio menú de plazos de contrato, precios, condiciones, formas de ajuste y rescisión.

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Se habla de contratos para vivienda por dos años, para comercio por tres, actualización del alquiler con el aumento que las partes acuerden (por cualquier indice o fórmula), libre uso de monedas en el pacto y rescisión en cualquier momento del contrato con una multa del 10 por ciento del saldo pendiente hasta la finalización.

No obstante, no deja de ser este un tiempo de incertidumbre para el sector. Y es que resta que el DNU que desregula el mercado de los alquileres sea refrendado o no por el Congreso de la Nación, además de tener que pasar por el análisis y conclusión de la Corte Suprema, donde se presentaron acciones de amparo para frenar su aplicación.