La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para combatir la ludopatía con fuertes restricciones a la publicidad

La Cámara de Diputados debatirá mañana el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas y que busca establecer fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar. La iniciativa se discutirá desde las 12 en una sesión especial, impulsada por la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, y la izquierda.

De todos modos, los bloques mayoritarios de Unión por la Patria (UxP), UCR, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) comprometieron su presencia para tratar un proyecto que busco ponerle un freno a la publicidad sobre el juego para luchar contra la ludopatía.

La discusión del proyecto es reclamado por diversas organizaciones que combaten la adicción a las apuestas, e incluso hay una campaña de recolección de firmas online motorizada a través de la plataforma de Change.org (www.change.org/NoMasPublicidaddeApuestas), que pide la "urgente sanción de una norma que regule la actividad y proteja a las infancias".

Los diputados decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Otro punto central es que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

El debate se realizará en medio de una fuerte presión de las empresas de apuestas para que no se trate esa iniciativa, según denunció la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade.

A lo largo del debate, los empresarios dedicados a los juegos de azar expresaron su rechazo a estas iniciativas, y en la última semana mandaron una nota a los bloques políticos para que no avance en la regulación establecida en los dictámenes de mayoría y minoría.

Si bien existen diferencias aún entre las propuestas, no se descarta que pueda alcanzarse un consenso entre los diferentes dictámenes. Las principales diferencias entre los dictámenes están con los límites vinculadas con la prohibición de la publicidad.

El dictamen de mayoría prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etc.

Al respecto ese despacho prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, de programas infomerciales y/o la publicación onerosa o no, de testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción.

Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

Sobre el uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben los mismos topes que el pago con tarjetas de débito. También se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.

Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, en base a los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.

En otro tramo del proyecto se establecen sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados, dado que se incrementan las penas del artículo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.