El ecocidio, camino a considerarse un crimen

El ecocidio, término que describe la destrucción masiva del medioambiente, ha ganado relevancia en el debate global sobre justicia ambiental. Este concepto, originalmente asociado con el uso del Agente Naranja durante la guerra de Vietnam, busca ahora ser reconocido como un delito internacional en la Corte Penal Internacional (CPI). La cuestión es si la destrucción ambiental deliberada debería ser un crimen perseguible a nivel global.

John Licht, embajador de Vanuatu, ha sido una voz prominente en esta discusión, argumentando en 2019 que la devastación ambiental debería tener un estatus jurídico internacional. Vanuatu, una nación insular afectada gravemente por el cambio climático, ha liderado una campaña para incluir el ecocidio en la lista de crímenes que la CPI actualmente juzga, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El ecocidio se define como actos ilícitos que causan daño grave y generalizado al medioambiente. Esta definición, elaborada en 2021 por expertos de Stop Ecocide International (SEI), abarca daños que son tanto inmediatos como a largo plazo. Aunque el concepto fue propuesto en el Estatuto de Roma que estableció la CPI en 1998, no se incluyó en el tratado. Sin embargo, Polly Higgins, abogada y activista fallecida en 2019, fue fundamental en el impulso para reconocer el ecocidio como delito, cofundando SEI y abogando por su inclusión en la legislación internacional.

La inclusión del ecocidio como delito internacional respondería a una laguna en el derecho ambiental. Actualmente, la responsabilidad por daños ambientales se basa en el impacto sobre personas o propiedades específicas, dejando un vacío para abordar la destrucción a gran escala.