El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades

Los nodocentes de la UNLP, en sintonía con sus pares de las universidades a nivel nacional, comenzaron hoy en las facultades de nuestra ciudad con el paro de 24 horas en reclamo de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario que durante esta jornada fue promulgada por el Gobierno de Javier Milei pero sin su aplicación hasta tanto el Congreso de la Nación determine el origen de los fondos que sustenten las partidas presupuestarias. La medida de fuerza, que también alcanza a los niveles preuniversitarios en la órbita de la casa de altos estudios, precede a la que realizarán mañana los docentes bajo la misma consigna.

Cabe remarcar que la jornada de lucha del personal nodocente implicaba la "no concurrencia a los lugares de trabajo", tal como lo comunicó en las últimas horas ATULP que es el sindicato que nuclea a este sector de trabajadores universitarios.

En una recorrida de EL DIA se constató esta mañana que los colegios que dependen de la UNLP como la Escuela Anexa, el Liceo, el Colegio Nacional y el Bachillerato de Bellas Artes, permanecían a puertas cerradas y sin actividades. 

En cuanto a las facultades, el acatamiento era dispar. En Trabajo Social, Artes, Periodismo, Medicina y Naturales, los acceso estaban cerrados y por ende no había actividad de ninguna índole.

En cambio, en Agronomía, Veterinaria, Odontología, Derecho y Económicas se abrieron las puertas y las aulas contaban con actividad pedagógica, aunque algunas áreas como bibliotecas y salas específicas podían permanecer cerradas en el marco del paro. 

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Mañana, paro docente

En la previa del paro de 24 horas de los docentes universitarios, la CONADU llamó a realizar acciones tanto a nivel local como nacional para mantener la visibilización del conflicto. 

“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”, señaló Carlos De Feo, secretario general de la CONADU. 

Cabe señalar que este martes en el comienzo de la doble jornada de protesta por parte las dos esferas de empleados universitarios, el Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796). No obstante, suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite las formas de financiamiento para incluir las partidas en el Presupuesto Nacional.  

A través de dos decretos, el 759/2025 y el 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, ratificadas por la Cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, pero suspendida al argumentar el impacto fiscal que genera. 

En la letra ambos decretos se establece que la promulgación tiene lugar “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, que detalla que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”. "En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, aclara. 

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente apuesta a “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.  

En el articulado establece la actualización automática de los gastos de financiamiento en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Por su parte, remarca que la Auditoría General de la Nación deberá realizar un control externo de las universidades que remitirá al Congreso de la Nación.  

En el artículo nueve, sostiene que el Poder Ejecutivo “dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y en consecuencia a ello, la adecuación de partidas presupuestarias a fin de actualizar al 1º de enero de 2025 el presupuesto correspondiente a las universidades públicas, sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los aportes del Tesoro nacional”. 

“La presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, aseveró. 

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