Hay 112 denuncias penales ante la Justicia Federal por la criptomoneda promocionada por Javier Milei

Tras el tuit de Javier Milei en la red social X promocionando la criptomoneda $LIBRA que terminó con la estafa a decenas de usuarios, ya son 112 las denuncias penales que recayeron en la Justicia Federal. Mientras tanto, el gobierno libertario pidió a la Oficina Anticorrupción que iniciara una investigación. 

Fuentes oficiales confirmaron que ya son más de un centenar de denuncias radicadas en el fuero penal contra el Jefe de Estado. Gran parte se llevaron a cabo mediante plataformas digitales oficiales. 

La denuncia presencial que se estableció en la Ciudad de Buenos Aires y está en manos del fiscal Guillermo Marijuan fue la de un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia. Esta será la que encabezará la investigación, agrupando las demás que determinarán si el presidente cometió un delito.

Horas después del escándalo con las criptomonedas que hicieron perder a cientos de personas sus ahorros, Javier Milei borró el mensaje. 

En tanto, más tarde escribió en la plataforma despegándose de lo ocurrido: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

El paso a paso de la investigación 

La Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario. 

De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común. 

Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo. 

En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.

Tanto Davis como su firma “Kelsen Ventures” serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.

También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos. 

Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia. 

“Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web como uno de los objetivos a cumplir tras evaluar el impacto en el funcionamiento y credibilidad de las instituciones; la cantidad de ciudadanos afectados por el acto; el monto del perjuicio causado por el acto y la antigüedad de los hechos.

Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Todo lo que se pueda investigar vamos a hacerlo”, sostuvo ante esta agencia un funcionario con acceso al despacho presidencial.