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El 25 de febrero pasado, a través de un comunicado oficial, la Municipalidad informó que unos 400 barrios cerrados de la Ciudad, cuya aprobación por el Concejo Deliberante fue impulsada por el exintendente Julio Garro, son “ilegales”.
Se trata de urbanizaciones que violaban la ley provincial del uso del suelo y por lo tanto son nulas, se informó. Esto motivó que la Comuna se presente ante la justicia penal, que investiga lo ocurrido. El documento emitido por la Comuna sobre los 400 emprendimientos cuyas obras se encuentran suspendidas desde septiembre pasado, por un decreto del Intendente, subraya que “nunca” la Municipalidad debió autorizar el inicio de esas obras. “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables”, afirmaba la Comuna. En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense “instó a la Municipalidad a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas”, explicaron. Y enfatizaro: “Ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial” y, consecuentemente, ninguna de las esmpresas que los construyen “pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas”.
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