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El caso de las facturas truchas por miles de millones en La Plata avanza en la Justicia Federal. En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak le tomó declaración indagatoria a tres de empresarios de La Plata involucrados supuestamente en las maniobras de facturaciones que investiga a la contadora Natalia Foresio.
Según se conoció de fuentes oficiales, se trata de Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli, quienes estuvieron ante el Juzgado Federal N°3 para responder por su presunta participación en los fraudes. Los tres llegaron acompañados de sus abogados defensores.
En cuanto a la acusación, trascendió que aparentemente Hoz, Formino y Spinelli utilizaron facturas emitidas por firmas controladas por la organización que habría encabezado Foresio para justificar operaciones comerciales inexistentes, con el objetivo de reducir su carga impositiva. Estas maniobras les habrían permitido deducir importes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias por montos millonarios, defraudando de ese modo al Estado.
El caso de la contadora Foresio
El caso de la contadora se dio a conocer a principios de junio, cuando Foresio quedó en el centro de una investigación judicial que la acusaría de presuntamente haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas montada que habría comenzado en 2020.
El expediente se abrió producto de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas, inactivación masiva de CUITs y la prisión preventiva de la profesional considerada clave por la Justicia Federal.
De acuerdo con los investigadores, Foresio, en sociedad con su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de facturación apócrifa. Desde su propio estudio contable, habría gestionado la creación de sociedades irregulares, la tramitación de sus claves fiscales y sus inscripciones en domicilios que solían coincidir con su casa particular o la de familiares directos.
A partir de ahí, las sociedades habrían emitido comprobantes por prestaciones inexistentes, bajo la sospecha de que habrían intentado simular gastos y permitir que otras firmas, pertenecientes a los supuestos beneficiarios finales, redujeran su carga tributaria a partir del crédito fiscal generado.
Según los investigadores, la maniobra se habría desplegado en tres niveles. En la base, las “usinas” (Empresas A) se habrían encargado de generar facturas falsas, mientras que el segundo escalón (Empresas B) habría registrado compras truchas y revendido esos comprobantes.
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