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La entidad que preside Andrea Sarnari apuntó contra el centralismo y la pérdida de autonomía en organismos clave para pequeños productores
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La Federación Agraria Argentina (FAA) salió a marcar distancia del escueto comunicado difundido por la Mesa de Enlace y emitió una crítica más amplia al Gobierno nacional por los cambios introducidos en organismos agropecuarios. A través de su presidenta, Andrea Sarnari, la entidad expresó su rechazo a la reestructuración de instituciones como el INTA, el INASE y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).
El decreto publicado por el Poder Ejecutivo esta semana incluye al INTA dentro de un paquete de siete organismos considerados “ineficientes”, según el texto oficial. Pero desde FAA el foco estuvo puesto también en la disolución del INASE y del INAFCI, medidas que, aseguran, perjudican especialmente a los pequeños y medianos productores.
“Vemos como línea conductora que hay un creciente centralismo, y que casi todos los cambios implementados dejan funcionando organismos gobernados casi totalmente por representantes del Poder Ejecutivo, y recortan el rol del sector privado y de las provincias a ámbitos consultivos sin poder real. Esto nos preocupa, porque atenta contra el federalismo y también contra la articulación público-privada que, en casos como el INTA, han demostrado sobradamente su importancia”, señaló la FAA en un comunicado.
Sobre el futuro del INTA, la entidad advirtió que el carácter de “organismo desconcentrado” abre interrogantes: “Nos preocupa ver el alcance real que le dan al nuevo carácter de ‘desconcentrado’, así como también el rol que le asignarán al consejo consultivo, considerando que su voluntad queda casi desdibujada”. Y agregó: “Esto atentaría directamente sobre la gobernanza y la autarquía, al tiempo que deja en manos del gobierno de turno las decisiones y recorta la mirada de largo plazo, fundamental para un organismo como el INTA”.
Respecto de la agricultura familiar, la FAA también manifestó su rechazo a la eliminación del INAFCI, el Banco de Tierras y otras herramientas previstas en la Ley 27.118. “Se trata de instrumentos por los que hemos peleado”, afirmaron. Si bien reconocieron que “otros gobiernos hayan hecho un mal o inadecuado uso de ellos”, advirtieron que “no implica que sus objetivos y finalidades no sean fundamentales para los productores de menor escala”.
En la misma línea, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) también fue cuestionada: “Generan alarma, en tanto no queda claro el impacto real que tendrán los cambios que pretenden implementar”.
Finalmente, la Federación Agraria subrayó que “sin dudas, en general creemos que todas estas desarticulaciones nos afectan con más fuerza a los productores de menor escala, que somos quienes más necesitamos del apoyo y la protección del Estado”. Y concluyó: “Si bien se puede coincidir en la necesidad de modernizar o agilizar estructuras que en algunos casos estaban sobredimensionadas, vemos en los cambios propuestos que dejan abierta la puerta a que estos organismos queden al arbitrio del gobierno de turno; es decir, que vayan mutando con cada cambio de gobierno, sin poder brindar previsibilidad ni apoyo real a los productores que los necesitamos”.
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