Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado que ha provocado hasta el momento más de 90 muertes en Argentina denunciaron este viernes la utilización política del caso, después de que el presidente Javier Milei amenazara con recusar al juez a cargo de la causa, lo que paralizaría la investigación.

"Después de cuatro meses de estar callado, el Gobierno aparece a querer recusar un juez. No quiere que se sepa la verdad", dijo Sol Francese, madre del joven Renato Nicolini, quien murió con 18 años en el Hospital Italiano de La Plata, tras recibir fentanilo contaminado.

El caso se investiga desde el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, contra quien Milei apuntó por ser hermano del ministro de Salud de esta provincia, Nicolás Kreplak, gobernada por el peronista Axel Kicillof.

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"Ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", advirtió la Presidencia argentina en un comunicado.

Esta amenaza sigue a una declaración de Milei durante un acto de campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, en la que acusó al kirchnerismo de encubrir a García Furfaro.

“Ellos politizan todo y nos perjudican. A mí no me interesa la política, me interesa esta causa, que no tiene un solo paso en falso dado y ya cuenta con muchísima prueba contra los responsables”, afirmó a  Adriana Francese, familiar del fallecido Renato Nicolini y abogada querellante en la causa.

Dos lotes de fentanilo contaminado, que suman más de 300 mil ampollas, fueron producidos por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma -hoy clausurados- en diciembre de 2024 y distribuidos en más de 200 centros médicos del país.

Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora se han detectado 87 muertes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital argentina, una cifra que aumenta a medida que la Justicia investiga.

Hay 24 sospechosos -García Furfaro, además de socios, familiares y empleados de los laboratorios- que tienen prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, precisaron fuentes judiciales, tras más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados.

En menos de 15 días estarán disponibles los resultados de los peritajes técnicos del instituto de microbiología Malbrán que, según explicaron a EFE desde el Juzgado, son fundamentales para determinar el delito por el que serán imputados los acusados.

"El Gobierno es responsable de que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) hiciera todo mal. No se hizo cargo de este desastre y ahora aparece para recusar a un juez, retrasarnos y entorpecer la causa", lamentó la abogada querellante, al subrayar: "Me parece un despropósito porque paraliza todo".