Desde el Gobierno le respondieron a un diputado denunciante

La decisión de la Cámara Federal de San Martín de trasladar el expediente a la justicia de Campana en el que se investiga la lujosa mansión en Pilar, presuntamente vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desató duras críticas de la oposición y sospechas de un acuerdo político de alto nivel.

El fallo, firmado por el camarista Alberto Lugones, resolvió que la causa por presunto lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al de Adrián González Charvay, en Campana. Este movimiento coincide con el pedido de los titulares registrales del inmueble, el monotributista Luciano Pantano y su madre, una jubilada, quienes son señalados como posibles testaferros de una propiedad valuada en 20 millones de dólares.

El juez Aguinsky se había resistido al traslado, argumentando que, si bien la quinta está en Pilar, el núcleo de la investigación es la AFA, cuya sede se encuentra a metros de su tribunal y a más de 80 kilómetros de Campana.

La resolución judicial provocó una reacción inmediata en el arco político. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció la existencia de un "pacto" entre el Gobierno nacional y Sergio Massa, afirmando que "la corrupción queda en manos de las mafias".

En la misma línea, el diputado Facundo Del Gaiso cargó contra la Inspección General de Justicia (IGJ), acusándola de haber destrabado irregularidades contables de la AFA por montos cercanos a los 450 millones de dólares. "No hay veedor, no hay auditoría; es un proceso de impunidad", sentenció el legislador.

Ante la escalada del conflicto, el ministerio de Justicia emitió un descargo oficial a través de la red social X, desmintiendo cualquier complicidad con la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia: aseguró que la IGJ fue quien denunció la "ilegalidad" del intento de la AFA de trasladar su sede social de la calle Viamonte a un terreno baldío en Pilar, afirmaron que el organismo no aprobó los balances de la AFA correspondientes al periodo 2017-2024 y que actualmente toda la documentación está bajo análisis técnico y justificaron la ausencia de veedores argumentando que se deben respetar los tiempos legales mientras se analizan las declaraciones de los auditores involucrados.