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Una de las detenidas en la causa contra la banda que realizaba extorsiones desde la cárcel a través de aplicaciones de citas, de los cuales una de las víctimas fue el soldado Rodrigo Gómez quien se suicidó en diciembre pasado en el interior de la Quinta de Olivos, era empleada del Municipio de Morón.
Se trata de Karen Yael Cufré, quien se desempeñaba hasta su detención como empleada en el Centro de Monitoreo de la Secretaria de Seguridad de Morón.
A través de un comunicado, las autoridades del municipio explicaron que Cufré “fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”.
Sin embargo, explicaron que tras la muerte del soldado y ante la investigación que confirma las extorsiones que recibió Gómez de esta banda, integrada por Cufré, “se dispuso su cesantía inmediata”.
El comunicado destaca que la cesantía sucedió semana atrás, se estima comienzos de febrero, pero la noticia se conoció recién en las últimas horas.
“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, expresa el escrito difundido.
De acuerdo con la pesquisa, la banda era liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, sumado a otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres.
En este contexto, se les atribuyó a todos los imputados haber formado parte, con distintos grados de participación, de una asociación criminal que se habría dedicado organizadamente y en forma habitual, a obtener la entrega, envío, depósito o transferencias de cosas y/o dinero mediante acciones intimidatorias, simulación de autoridad pública y/o invocación de una falsa orden de esta, además de tres hechos de extorsión. Asimismo, a los cabecillas se les imputó la instigación al suicidio del granadero Gómez, destaca el parte del portal Fiscales.
Según surge de la investigación, la organización criminal creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas “Evermatch”—, para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación a través de WhatsApp.
Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, en el que les advertía que la joven era menor y que formularía una denuncia en su contra.
Posteriormente, recibían un llamado de una persona que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires —cuya identidad era usurpada—, quien les indicaba que la supuesta madre estaba por denunciarlos y les exigía transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.
En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos. El primero de los casos fue el que perjudicó al soldado, a quien obligaron a transferir $1.413.000, a dos cuentas de Mercado Pago, el 15 de diciembre pasado.
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