El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria

El Ministerio de Justicia confirmó que la Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su planteo para que la dirigente jujeña Milagro Sala deje de cumplir prisión domiciliaria en La Plata y continúe su condena en un establecimiento penitenciario.

Sala, referente de la organización Tupac Amaru, fue condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. Desde la cartera de Justicia señalaron que la sentencia se encuentra firme, ya que fue dictada por tribunales jujeños y posteriormente confirmada por la Corte Suprema. Sin embargo, al haber cumplido dos tercios de la pena el mes pasado, quedó habilitada por el Código Penal a solicitar la libertad condicional.

En la presentación ante el tribunal internacional, el área encabezada por Joaquín Ignacio Mogaburu rechazó los planteos de la defensa sobre un supuesto “hostigamiento judicial” y adjuntó documentación sobre la situación de la dirigente. Según el comunicado oficial, esas acusaciones buscan “invertir la carga de los hechos” para sostener un trato de excepción.

El Ministerio sostuvo además que Sala incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria al modificar su lugar de residencia sin autorización judicial, lo que —indicó— activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en controles previstos por el régimen de ejecución penal.

En el mismo texto, la cartera afirmó que la Argentina respeta sus compromisos internacionales, aunque cuestionó el alcance de la medida vigente de la CIDH y la calificó como un beneficio indebido. El comunicado incluyó críticas políticas y aseguró que la política del gobierno de Javier Milei apunta a eliminar privilegios y a que las penas se cumplan en cárceles comunes, al sostener que los derechos humanos “no deben garantizar impunidad a condenados”.

El mensaje oficial concluyó con una definición tajante: que las personas condenadas por delitos deben cumplir sus penas en prisión.

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