El Gobierno acepta el costo de sostener a Manuel Adorni en medio del escándalo

eleconomista.com.ar

La imagen pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se desplomó tras la irrupción de los interrogantes sobre su patrimonio. El Gobierno, por ahora, opta por asumir el costo de sostenerlo en el cargo, aún cuando la tolerancia en la sociedad empieza a mostrar signos de agotamiento. La predisposición a mirar hacia un costado se erosiona, con una gestión atravesada por sospechas de corrupción acumuladas y una estabilidad macroeconómica que no se percibe en el bolsillo. En ese marco, el desenlace de Adorni permanece abierto.

La última encuesta de CB Global Data, realizada entre el 22 y el 28 de marzo, expone la magnitud del deterioro de la figura de Adorni: refleja un 27,4% de imagen positiva frente a un 67,2% negativo. Dos observaciones dimensionan la catástrofe que esto representa. En diciembre, la misma consultora registró 44,4% de aprobación y 46,9% de desaprobación. En apenas tres meses, Adorni perdió 17 puntos de imagen positiva y sumó más de 20 puntos de rechazo.

De estar entre los dirigentes mejor posicionados, pasó a quedar relegado a los últimos puestos de los rankings.

El Gobierno lleva tres semanas blindando a Adorni. Más que el Gobierno, Karina Milei: secretaria general de la Presidencia y jefa política del ministro coordinador. Lo respaldó públicamente en dos ocasiones, un gesto inusual en una funcionaria que evita exponerse. Sus últimas publicaciones en X estuvieron dedicadas a él.

La cúpula libertaria lo apoyó con fotos, tuits e incluso acompañándolo en la conferencia de prensa. En la Casa Rosada dejan trascender que lo sostendrán en el cargo y el viernes lo sumaron a actos y a la cadena nacional por el fallo por YPF.

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Una eventual salida de Adorni no implicaría solo un sacudón en la gestión. También pondría en cuestión la apuesta política de Karina, que lo proyecta como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027, con la mira puesta en Uspallata, la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, el exvocero encabezó la lista libertaria que se impuso en las elecciones porteñas de mayo pasado.

“¿Cuánto más puede sostenerse la figura de Adorni sin pagar costos? Si aparecen novedades más comprometedoras, en algún momento el Gobierno va a tener que tomar la decisión y sacar a Adorni para no seguir pagando costos”, planteó Lucas Romero, director de Synopsis, tras la conferencia de prensa con la que el jefe de Gabinete buscó cerrar el tema y terminó reactivándolo. Desde entonces, continuaron apareciendo propiedades que se le atribuyen.

Las encuestas ya reflejan el efecto derrame del Adornigate. Según Atlas Intel y Bloomberg, en marzo la desaprobación del Gobierno subió 4,3 puntos (de 53,1% a 57,4%) y la aprobación cayó 4,7 (de 35% a 30,3%). Desde diciembre, el rechazo acumula un alza de casi 10 puntos.

¿CUÁNTA TOLERANCIA QUEDA?

La experiencia argentina muestra que los gobiernos pueden sobrevivir electoralmente a la corrupción si la economía acompaña. El caso de Carlos Menem es ilustrativo: logró sostener y revalidar su poder en tres elecciones consecutivas (1991, 1993 y 1995) pese a una seguidilla de escándalos de corrupción. Más cerca en el tiempo, el oficialismo también consiguió imponerse el año pasado en medio de la filtración de audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

Pero el clima parece estar cambiando. La evaluación de la situación económica empeora y también lo hacen las expectativas. Según Atlas Intel, la corrupción aparece como el principal problema (43,3%), seguida por el desempleo (42,2%) -con una suba de 7 puntos en dos meses- y la inflación (35,3%). El 65% califica la situación económica como “mala” y el 57% cree que empeorará en los próximos seis meses.

En ese contexto, la tolerancia a la corrupción se contrae. Mora Jozami, directora de Casa Tres, advirtió que uno de cada tres argentinos aceptaría cierto grado de corrupción si la economía se estabiliza. Entre los votantes de Milei, esa disposición es menor que entre los de Sergio Massa (25% contra 32%).

Con una inflación que no cede, cierre de empresas, suba del desempleo y preocupación por los salarios, los presuntos casos de corrupción que involucran al Gobierno empiezan a tener un costo mayor.