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Rosendo Fraga
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La denuncia de corrupción contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es el eje político de este momento. Tras varios meses, el funcionario concurrirá al Congreso, pero ahora lo hará bajo una intensa presión política que se ha generado a raíz de la defensa irrestricta del Presidente a su gestión. Se trata de una actitud que muchas veces asumen los líderes políticos: pensar que un cambio de funcionario será inconveniente porque mostrará debilidad del líder en cuestión frente a la opinión pública. Por el contrario, hay dirigentes que hacen exactamente lo contrario: ven en desplazar al funcionario propio cuestionado una oportunidad para trasladarle la responsabilidad política y así alejarla de sí mismo.
La primera es la actitud que parece haber tomado Javier Milei con Adorni. Ello pese a que implica para el presidente un costo en la opinión pública que, de acuerdo a las encuestas, lo muestran perdiendo entre cuatro y nueve puntos a raíz de este problema. No es una diferencia irreversible, pero coincide con un momento en el cual el malestar de la opinión pública sobre la economía comienza a hacerse sentir. Casi todos los miembros del Gabinete de Milei se han alineado con esta postura, que fue reforzada por su hermana Karina, quien desde la Secretaría General de la Presidencia realizó todos los esfuerzos para alinear al Gobierno. Sólo se registró una falta de entusiasmo en la militancia oficialista en redes en la defensa del Jefe de Gabinete.
Pero hubo una figura discrepante: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ella acompañó al Presidente desde sus inicios políticos y se ubicó en una segunda línea, pero jugando un rol en cuanto a la influencia y el manejo de un área clave: la asistencia social. Fue clave en desmontar la estructura de los piqueteros (movimientos sociales), que fueron el problema más grave en la “calle” para Milei en sus primeras semanas de gobierno. La ministra evitó enredarse en los conflictos internos con Karina Milei. También ha evitado intervenir en los inconvenientes que ésta tuvo con los distintos funcionarios que rodean al Presidente.
El problema político creado no es fácil de resolver para Milei, quien parece haber optado por eludir el problema. Ante las denuncias de que funcionarios del Gobierno accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación de manera preferencial, Pettovello optó por despedir a su Jefe de Gabinete, quien habría accedido a uno de estos créditos. Esta actitud contrasta con la asumida por la mayoría de los funcionarios, como la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que “no hay nada ilegal” en los préstamos tomados.
Pero el problema es que se ha instalado el tema de la corrupción en el entorno presidencial y el Presidente necesita de una u otra forma sacarlo de ese ámbito. Es difícil hacerlo sin desplazar a alguna figura relevante del Gabinete, sea quien sea.
El Congreso pondrá a prueba esa capacidad del Presidente. Mientras tanto, la relación con los gobernadores, tras un periodo de cooperación, se encuentra en un estado de tensión. La cuestión central es que la caída de la recaudación nacional ha llevado a que lo girado por el Poder Ejecutivo a los estados provinciales haya descendido en aproximadamente 7%. Esto implica una cifra que afecta en mayor o menor medida a los distintos gobernadores. Los mandatarios provinciales no tienen una línea coherente y van adaptando su estrategia a las circunstancias y conveniencias. Hay algunos cuyos legisladores nacionales suelen votar casi siempre con el oficialismo, como es el caso de Raúl Jalil de Catamarca, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza. En estos casos, el origen político no define su posición.
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Por otro lado, hay otros que lo hacen de acuerdo a las circunstancias, como Marcelo Orrego de San Juan, Ignacio Torres de Chubut y Gustavo Sáenz de Salta. En cuanto a los que mantienen todavía una línea kirchnerista se encuentran Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Pero, en concreto, el Gobierno nacional terminó dando un adelanto a la mitad de las provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán. De acuerdo al Gobierno, este anticipo de coparticipación de hasta $400.000 millones debe ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.
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