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En caso de que los autores sean menores, se podrá accionar contra los padres de los identificados

Demandas desde $60 mil hasta $3 millones por amenazas de bomba a escuelas de la Región

La Justicia platense ya elevó a la Fiscalía de Estado 60 causas para que cuando haya una condena penal se pueda avanzar con el proceso civil. Cada operativo cuesta unos $60 mil

Demandas desde $60 mil hasta $3 millones por amenazas de bomba a escuelas de la Región

días atrás, personal de la ddi local identificó, en rosario, al autor de amenazas de bomba a la gobernación

El llamado puede durar unos pocos segundos, y a quien lo realiza podrá parecerle un simple “juego”, pero es un delito que ocasiona un perjuicio económico que, traducido en números, le cuesta al Estado, en promedio, unos $60 mil pesos por cada operativo. Por eso en la Provincia avanzan con la posibilidad de accionar demandas para que los responsables o los padres de los menores identificados como autores de las falsas amenazas de bomba, paguen por los gastos que ocasionan los operativos. Los montos arrancarían en los $60 mil y podrían llegar a los $3 millones.

Recientemente la Justicia penal de La Plata envió otras 60 causas a la Fiscalía de Estado bonaerense para que -una vez que se registren condenas en ese fuero- inicie las demandas a los responsables de los falsos llamados registradas en nuestra región desde 2018 hasta principios de este año. Esas causas son parte de las 1.051 en las que la Fiscalía de Estado bonaerense se presentó entre 2018 y este año como particular damnificado por intimidaciones públicas a colegios bonaerenses, de las cuales 84 corresponden a denuncias del departamento judicial La Plata.

Como se dijo, esos expedientes se remitieron “para que cuando haya condenas penales pueda comenzar las demandas civiles”. Se apunta a que los padres de los chicos que hayan hecho esas amenazas u otros responsables paguen al Estado bonaerense el costo de “los operativos de seguridad y antiexplosivos que debieron montarse en cada establecimiento educativo”.

La Fiscalía de Estado es responsable de representar y defender en juicio los intereses de la Provincia, sea en la condición de demandada como de demandante.

onerosos gastos

Ante cada amenaza, el Estado provincial “sufre un perjuicio porque desarrolla operativos de desalojo de alumnos y docentes con policía y SAME; además, despliega un escuadrón antiexplosivos para que revise las instalaciones”, se detalló.

Quienes investigan estos episodios apuntaron que “también representa un perjuicio porque se pierden días de clase y se pagan salarios docentes por un servicio que no se pudo prestar” y consideraron que, por ello, “se deben iniciar acciones civiles y patrimoniales a los padres de los responsables”, una posibilidad a la que la propia gobernadora María Eugenia Vidal se había referido a mediados del año pasado.

En nuestra región, el asedio de las amenazas de bomba a las escuelas tuvo su pico entre marzo y septiembre del año pasado, cuando se unificaron todas las causas en la fiscalía 17, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien las investiga. Por entonces se resolvió cambiar la estrategia, lo que incluyó, entre otras medidas, la creación de un gabinete especial para investigar, decenas de allanamientos e identificados y el blindaje de las escuelas más complicadas por los falsos llamados. Todo eso fue clave para que el nivel de las intimidaciones comenzara a aflojar.

Desde entonces en la Región fueron identificados más de 60 autores de falsos llamados, la mayoría -pero no todos- menores. Dos fueron detenidos. “Se allanaron las casas donde vivían quienes hicieron las amenazas, se secuestraron sus celulares en forma definitiva y, en los casos en que eran mayores, se los detuvo. A los menores de edad, se los procesó y se envió las causas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, contaron los investigadores.

Si los condenan, los padres o responsables de alumnos menores que fueron imputados judicialmente serán demandados para responder patrimonialmente por la conducta de sus hijos, y pagar los operativos de seguridad que el Estado desplegó en cada establecimiento.

En base a información de los ministerios de Educación y Seguridad, los equipos técnicos de la Fiscalía de Estado determinaron que cada operativo en una escuela promedio tuvo un costo para la provincia de 60 mil pesos.

Pero, en colegios de mayor dimensión, con matrícula más alta de alumnos y más cantidad de docentes como el Normal 1 -donde se perdió un mes de clases en 2018 por las amenazas- “sólo de sueldos y aportes patronales se perdieron 3.900.298 pesos”, ya que no se pudo dar clases durante 30 días. En esa causa hay un imputado que habría realizado unas 30 intimidaciones. El 9 de mayo de este mes, la causa se radicó en el Juzgado en lo Correccional N° 5. En el caso de que haya una condena por el delito de intimidación pública, se pasa a la instancia del reclamo civil. Pero si en sede penal se declara que no existió delito, la Fiscalía no puede pedir ese resarcimiento.

Así, explicaron, las demandas judiciales serán por montos que parten de los 60 mil pesos y podrán llegarán a montos superiores a 3 millones de pesos.

Días atrás, en el marco de una investigación de la fiscalía de Condomí Alcorta, efectivos de la DDI local allanaron un domilicio en la ciudad de Rosario, donde dieron con el autor de los llamados que obligaron a evacuar la Casa de Gobierno. “Era la casa de una mujer con un hijo discapacitado, que era el que hizo la amenaza. Es un claro caso en el que se podría accionar contra la madre”, dijeron las fuentes consultadas.

Si bien la intensidad de las amenazas de bomba aflojó en los últimos meses, todavía alteran la rutina de algunos establecimientos educativos, sobre todo en Berisso, donde esta semana se recibieron intimidaciones en la escuela Media Nº 2 -calle 35 y Montevideo-; en la Media 1, de 168 entre 9 y 10 y en la Media 3, de 16 entre 164 y 165.

NUEVO PROTOCOLO EN NACION

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó que las autoridades diseñan un “nuevo protocolo para minimizar los perjuicios” que estas acciones ocasionan a la población, en una semana en la que hubo amenazas de bomba a la Casa Rosada y a varias estaciones ferroviarias.

“Estamos haciendo un nuevo protocolo para que no se produzcan estas acciones que perjudican a la gente, y habrá una persecución penal a los que realicen estas llamadas, ya que son un delito que trae perjuicio al país y a la gente”, manifestó Bullrich. Dijo van a “estudiar nuevas medidas para tener mayor rapidez para actuar”.

“No sé si las vamos a dar a conocer, pero están vinculadas sobre todo a para los casos de amenazas de bomba”, agregó.

$58.742
calculan las pérdidas ocasionadas por las falsas amenazas de bomba en concepto de operativo policial y de bomberos, en promedio. El gasto, aclaran, varía en relación al operativo que sea necesario montar en cada caso.
84
causas iniciadas en La Plata en el último año forman parte de las 1.051 en las que la Fiscalía de Estado se presentó como particular damnificado. Si hay condenas en lo penal, el organismo podría accionar contra los padres o los responsables de las llamadas por los gastos ocasionados.

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