Procesaron a De Vido, Echegaray y Uberti por la valija con dólares de Antonini Wilson

El juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó hoy al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por tentativa de contrabando en la causa por la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país el 4 de agosto de 2007, informaron fuentes judiciales. 

Los procesamientos, sin prisión preventiva, alcanzaron también al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; a su entonces colaboradora Victoria Bereziuk, y al ex titular de ENARSA, Ezequiel Espinosa, entre otros.

El magistrado emitió un fallo de 500 páginas en las que fundamentó que los procesó por “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos”, hechos que concursó idealmente con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos". 

A todos los procesados, el juez Yadarola les trabó embargos por 50 millones de pesos. 

La valija de Antonini Wilson era parte del equipaje subido a la aeronave de la empresa Royal Class proveniente del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, y para la justicia tenía como destino financiar una campaña política del kirchnerismo. 

El avión había sido contratado por la empresa estatal argentina Enarsa y llegó al país con ocho pasajeros, entre ellos Antonini Wilson y Uberti.

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En Aeroparque, una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria -María de Luján Telpuk- dispuso abrir el maletín y se secuestraron 790.550 dólares, que se intentaban ingresar al país sin declarar.
Con el dinero incautado se construyó un Espacio de Primera Infancia en un barrio de Posadas, Misiones, que fue inaugurado en octubre último por el presidente Mauricio Macri, quién destacó que la obra simboliza "el cambio que han emprendido los argentinos" contra la corrupción. 

Hace un mes, la Cámara en lo Penal Económico rechazó la prescripción de la causa y remarcó que desde 2017 el expediente sumó nueva prueba, entre ella informes de la Fuerza Aérea Argentina, de la Secretaría General y de la Aeroestación Militar Aeroparque, y certificaciones judiciales.