La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario

La investigación judicial sobre la feria conocida como “La Saladita de la Bristol” reveló el funcionamiento de un circuito económico de gran escala que operaba sin controles formales en plena costa marplatense. El caso derivó en un allanamiento realizado el miércoles y, pocas horas después, como ya informó EL DIA, en la demolición total del predio por parte del municipio, que consideró que se trataba de una ocupación ilegal de espacio público.

El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, se sustenta en escuchas telefónicas y tareas de inteligencia que dan cuenta de alquileres de puestos que iban desde cerca de un millón hasta más de tres millones de pesos mensuales, además de transferencias de dinero por montos elevados sin respaldo fiscal.

El predio, ubicado al pie de la rambla y con una superficie de unos 2.500 metros cuadrados, albergaba alrededor de 165 puestos de pequeñas dimensiones. Allí se comercializaban principalmente prendas de vestir, calzado y algunos productos electrónicos, muchos de ellos presuntamente falsificados, en infracción a la Ley de Marcas.

Durante los allanamientos, Prefectura Naval Argentina secuestró más de 8.000 artículos valuados en más de 500 millones de pesos, correspondientes a gran parte de los puestos inspeccionados.

Según la causa, el esquema incluía el cobro de alquileres sin emisión de comprobantes y con escasa identificación de los responsables. Los puesteros declararon haber realizado pagos a personas a las que solo conocían por nombres o apodos, sin contratos ni registros formales.

LA LUPA SOBRE EL SINDICATO

Una de las principales hipótesis de la investigación apunta a que la administración del predio estaría vinculada al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara). En ese marco, su titular, Walter Rivero, fue imputado por presunta violación a la Ley de Marcas y evasión tributaria.

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Durante los procedimientos se allanaron su domicilio, propiedades vinculadas y locales del gremio. Además, se secuestraron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. De acuerdo a la instrucción judicial, el principal investigado figura como “no inscripto” ante el organismo fiscal, a pesar de manejar importantes flujos de dinero.

El expediente también incorpora testimonios y registros que describen la presencia de personas con chalecos del sindicato que cumplían funciones de control y seguridad dentro del predio.

ALQUILERES MILLONARIOS Y FALTA DE CONTROL

Entre las pruebas se destaca una escucha telefónica en la que un puestero menciona haber pagado nueve millones de pesos por la instalación de un puesto, mientras que otros testimonios confirmaron alquileres de hasta tres millones mensuales durante la temporada de verano.

Los feriantes coincidieron en señalar que no existía regulación ni respaldo formal de las operaciones. Muchos llevaban un registro propio de pagos en libretas personales, ante la ausencia total de comprobantes.

El predio había sido cedido en 1999 por el municipio a una asociación de vendedores ambulantes mediante una autorización temporaria que fue renovada en varias oportunidades. Sin embargo, con el paso del tiempo el espacio continuó funcionando sin habilitación vigente.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el gobierno municipal en 2024, cuando se advirtió la ocupación irregular del espacio y la comercialización de productos falsificados en condiciones precarias.

DEMOLICIÓN Y CONFLICTO

Tras el levantamiento del secreto de sumario, el juez habilitó la intervención del municipio, que avanzó con el desmantelamiento total del predio mediante un operativo con maquinaria pesada. Más de 50 camiones retiraron las estructuras de madera, caños y chapas que conformaban la feria.

Desde el sindicato cuestionaron el accionar judicial y municipal, y anticiparon presentaciones legales para reclamar por los daños ocasionados. También convocaron a una asamblea de feriantes en la zona afectada.

El caso continúa bajo investigación y busca determinar responsabilidades en un entramado que, según la Justicia, combinaba informalidad, grandes movimientos de dinero y presuntas actividades ilegales en uno de los puntos más emblemáticos de la costa argentina.