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Argentina necesita una política de estado para exportar, a partir de un plan general de competitividad. Igualmente se debe profundizar la desburocratización en general
MARCELO CAPELLO (*)
La economía argentina termina 2018 en recesión y con números económicos en su mayoría desfavorables. La inflación minorista se ubicará cerca del 48% y será más alta no sólo que en cualquier año de gobierno K, sino que hay que remitirse hasta antes de la Convertibilidad para encontrar guarismos similares. El PIB per capita no logra perforar el techo que viene del año 2011, y que desde entonces se mueve como el filo de un serrucho, con subas los electorales años impares y caídas los pares. La tasa de pobreza probablemente esté superando el 30%, y en los tres años de la actual administración no se logró perforar el piso del 25% que caracterizó al último cuarto de siglo.
Pero ahora existe un elemento positivo que no se contaba desde el comienzo de la actual década: precios relativos favorables a la producción de bienes transables, lo que puede dar lugar a un modelo competitivo, productivo y exportador, único capaz de sacar al país del estancamiento y la pobreza, a largo plazo. También existen precios de los servicios públicos más parecidos a los verdaderos costos de prestar esos servicios. Claro que el manejo de la política macro debe preservar el tipo de cambio real relativamente alto, y no dejarse tentar por los atajos de la apreciación que conducen a modelos de consumo útiles para los años electorales, pero que resultan un lastre para el crecimiento a largo plazo. Inversión y exportaciones, la única receta válida para una economía como la de Argentina, estancada desde 2011, cuando se agotó el modelo de sólo consumo.
Con el nuevo contexto cambiario, y si se cumple con una política fiscal que tienda al equilibrio (primero primario, luego también financiero) y una estricta política monetaria que tenderá finalmente a doblegar a la inflación, se habrán dado pasos vitales para lograr la sustentabilidad macro (fiscal y externa). Pero estaría llevando todo el período de gobierno de Macri para llegar a esa situación, lo cual puede complicar el sostén político para consolidar una estrategia económica que tenga chances de mejorar masivamente el bienestar de la población.
A este respecto, resulta clave que en 2019 las mayores chances de ganar la elección se vinculen con el actual oficialismo o con una alternativa opositora que prometa creíblemente manejar la macro con criterios convencionales, en el marco del acuerdo conel FMI, de lo contrario se complicará mucho la economía en el año eleccionario. Para la economía, en 2019 la política tiene la palabra.
Luego de las elecciones de 2019, salvo que se vuelva a un manejo populista de la economía, debe apuntarse a un modelo competitivo – exportador, asentado en el equilibrio de las variables macro fundamentales. Inicialmente ayuda un tipo de cambio real alto, que deberá ser complementado con reformas que conduzcan luego a la competitividad estructural.
Debe encararse una nutrida agenda de negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, dirigidas a abrir los mercados para los productos argentinos con mayor valor agregado, en que podría ayudar la estrategia comercial que escogería el nuevo obierno de Brasil.
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El hecho que el vecino país haya realizado una reforma laboral, y que Bolsonaro a profundizar, junto a la creciente tendencia a la automatización, ayudarían a que finalmente Argentina aborde una ambiciosa reforma laboral, que modernice convenios que datan la mayoría de las veces de la década del setenta, apuntando a una economía moderna y adaptada a las nuevas tendencias.
Por supuesto que hay que consolidar la estrategia fiscal que conduzca al déficit cero, primario en 2019, y financiero dos años después. Con dos desafíos extras: el de ir desarmando los Derechos de Exportación ahora reinstalados, y bajando otros tributos muy nocivos para el crecimiento económico (ingresos brutos, créditos y débitos bancarios, contribuciones patronales), además de reponderar el peso de la inversión pública, para mejorar la infraestructura que haga factible aquello de la competitividad estructural.
“Luego de 2019 debe apuntarse a un modelo competitivo con reformas estructurales”
Para lograrlo habrá que trabajar más sobre el gasto corriente. Por caso, Argentina gasta excesivamente en empleo público, cerca de un 14% del PIB, cuando en Chile no llega al 7%. En el caso hipotético que Argentina gastase en empleo público lo mismo que Chile, podría construir 30 mil kilómetros de autopistas adicionales por año (seis veces Ushuaia – La Quiaca), o 310 mil viviendas de 70 m2 símil PROCREAR. El costo de oportunidad de haber usado el estado como seguro de desempleo.
Lo anterior también se encuentra ligado a la necesidad de una reforma previsional, que permita como mínimo contener el gasto en ese sentido, que llega a 10% del PIB. Y evitar duplicaciones en la política social. Las provincias (y las transferencias nacionales) deben promover en mayor medida el empleo privado de calidad, y no el empleo público.
Argentina necesita una política de estado para exportar, a partir de un plan general de competitividad. La nueva infraestructura debe mirar también hacia el Pacífico, con los pasos fronterizos que permitan exportar vía Chile hacia el Sudeste Asiático y los países americanos del Pacífico. Esto beneficiará especialmente al NOA y a Cuyo, economías regionales postergadas en gran medida por sus altos costos para llegar a los puertos.
Igualmente, se debe profundizar la desburocratización en general, la digitalización de todo tipo de trámite y las facilidades para hacer negocios y venderle al mundo.
Argentina debe apostar fuertemente a la educación, en especial a la que está ligada a la innovación y al aparato productivo. Promover las especialidades de la escuela media y las carreras universitarias que apunten en este sentido, pues aquí se juega la carrera de la producción y el bienestar en los próximos años.
Podría plantearse también sobre otras reformas estructurales necesarias: Fondo anticíclico (especialmente para compensar a Vaca Muerta), mayor acceso al crédito para el sector privado, mejoras institucionales varias (comenzando por la Justicia), defensa de la competencia, entre otras.
Debe decirse que, a pesar de todos los problemas, errores y demoras, en los últimos 3 años se echaron algunas bases para intentar ir por el camino señalado. Por el contrario, la política económica que rigió hasta 2015 no tenía absolutamente ninguna chance de llegar a buen puerto. No es poca cosa.
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