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Miguel Seimandi - Arq. (UNLP), especialista en planificación urbana y regional
En La Plata mueren anualmente en “accidentes” de tránsito, un número similar o mayor de personas que los fallecidos en la inundación de 2013. Sin embargo, los recursos destinados a la producción de estudios específicos o a la ejecución de obras, no guarda relación con las víctimas que producen y/o puedan producirse. Entonces, ¿por qué razón la inseguridad vial tan claramente visibilizada por la comunidad, no termina de instalarse como prioritaria en la agenda de temas a resolver por parte de la gestión pública?
Se leen y se escuchan cuestionamientos a la impericia o negligencia de los conductores, al escaso ordenamiento del tránsito y al insuficiente control, a un otorgamiento laxo de carnets de conducir, al mal funcionamiento de semáforos, etc. Y en esto, el saber popular no difiere mayormente de estudios disciplinares específicos. Evidentemente, se trata de una situación compleja en que intervienen varios factores, sobre los que se requiere intervenir de modo integral. Unos, relacionados con las condiciones de seguridad de los vehículos; otros con las aptitudes y actitudes de los usuarios de la vía; y un tercer grupo, con las características de las rutas, calles, veredas, etc.
Para los primeros, no basta con garantizar el correcto estado de los dispositivos de seguridad de los vehículos. También hay que asegurar su uso. El segundo grupo requiere trabajar en educación y concientización sobre la problemática, en los sistemas de otorgamiento de licencias de conducir y en el control del comportamiento de los usuarios. Por último, lo espacios circulatorios conllevan una acción muy firme de la autoridad, con intervenciones apropiadas en materia de señalización y diseño vial.
Todos los caminos convergen a la planificación y gestión de la seguridad vial, que no debe ni puede dejar de inscribirse en el marco de políticas públicas de movilidad y del modelo urbano-territorial que se promueva. Dicha planificación requiere la activa participación de la comunidad (especialmente de las ONGs que tanto y tan bien hacen en nuestra ciudad por instalar la problemática): los diagnósticos y las propuestas de acción, cuando son co construidas y consensuadas, se hacen propias, favorecen su cumplimiento y trascienden los períodos de gobierno.
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