Crédito para avanzar con un polémico plan de salud

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones del Grupo Banco Mundial, aprobó la concesión de un préstamo por US$ 300 millones que será destinado a implementar el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS), según informó ayer el Ministerio de Finanzas.

“El crédito es una muestra más de la confianza que ha conseguido Argentina frente a los organismos multilaterales de crédito desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri”, afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, cuya cartera realizará un aporte adicional de otros US$ 350 millones para la implementación de la CUS.

La Cobertura Universal de Salud consiste esencialmente en un nuevo modelo de relacionamiento de los pacientes con el sistema público de salud. Mientras que ahora uno recurre a un hospital y lo atienden sin que quede muchas veces ni registro de ello, a partir del nuevo sistema cada argentino va a estar identificado con su historia clínica en una plataforma digital que permitirá hacer un seguimiento de las prestaciones que recibe en cualquier lugar del país donde requiera atención.

Si bien este mecanismo constituye para el gobierno la llave para “ordenar, integrar y hacer más equitativo y eficiente” el sistema público de salud, para algunos especialistas en gestión sanitaria y organizaciones profesionales del sector no es más que un modelo impulsado por el Banco Mundial para achicar el gasto público. De ahí que advierten que su implementación -como habría sucedido ya en Colombia- derivaría en un debilitamiento del sistema público y una restricción del acceso de las personas de menores recursos a tratamientos de cierta complejidad.

EL CAMBIO PROPUESTO

Como se ha venido adelantando desde el ministerio de Salud de la Nación, a partir de la implementación de la Cobertura Universal cada argentino que se atienda en el sistema público tendrá una historia clínica única digitalizada con acceso desde cualquier punto del país. Pero además se le asignará un médico de cabecera para que se ocupe de hacer un seguimiento de su estado de salud.

Si bien el sistema seguirá siendo gratuito para la población en general, cuando el paciente que se atienda en un hospital público tenga obra social o cobertura privada se le cobraría a éstas el cargo correspondiente de una forma más estricta a lo que ocurre hoy. Por el contrario, en el caso de que el sistema público no pueda brindar una prestación, el paciente sería derivado a un centro privado que exigirá luego el pago por esa atención. En cuanto a la cantidad y el tipo prestaciones reconocidas -uno de los aspectos que más temores despiertan entre los críticos del sistema- desde el ministerio de Salud aseguran que “no habrá ninguna limitación”.

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