Un sector público ordenado para combatir la pobreza

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El primer semestre del 2017 fue un período bueno marcado por un incipiente proceso de recuperación de la actividad económica (la economía creció 1,2 por ciento anual) con inflación descendente (22 por ciento anual). La pobreza en ese entonces era de 20 por ciento de los hogares o 29 por ciento de las personas. El primer semestre del 2019 es lo opuesto. La economía cayó -2,5 anual y la inflación se aceleró llegando al 56 por ciento anual. La pobreza es de 25 por ciento de los hogares o 35 por ciento de las personas.

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Así, sólo en los grandes aglomerados urbanos hay 2,4 millones de hogares pobres habitados por 10 millones de personas pobres. El deterioro económico producido entre el primer semestre del 2017 y el mismo período del 2019 produjo 600.000 hogares pobres más y 2,2 millones de personas pobres más.

¿Qué pasó al interior de estos hogares? En el 2017 los hogares pobres tenían ingresos por $9.700 mensuales y necesitaban $15.500 para no ser pobres, ya que este era el valor de la Canasta Básica Total del momento.

En el 2019 los hogares pobres generan ingresos por $18.500 pero necesitan $30.500 para no ser pobres. Si se saca una cuenta rápida la Canasta Básica Total de los pobres creció un 96 por ciento mientras que los ingresos de los pobres crecieron en 91 por ciento. La inflación en este período fue de 95 por ciento.

Lo que se observa son dos cosas. Una, que mientras el costo de vida de los pobres va por arriba de la inflación promedio, sus ingresos van por debajo. Este es el fenómeno que soporta la afirmación “la inflación genera pobres”. Lo segundo, y esto es lo más importante, es que la diferencia de dinámicas entre el costo de vida de los pobres y sus ingresos no es muy divergente. Una cosa subió al 96 por ciento y la otra al 91 por ciento. Tan pequeña divergencia generó 2,2 millones más de pobres. La segunda enseñanza es que la inflación a niveles altos tiene una tremenda potencia para generar pobres.

La alta inflación prevaleciente es el resultado de un crónico y alto déficit fiscal que el anterior gobierno financió con emisión monetaria y el actual con endeudamiento externo. Las pruebas están disponibles. Entre el 2011 y el 2015, con la economía real estancada, la circulación monetaria creció un 180 por ciento. Entre el 2017 y el 2019, que es de deterioro económico, el pago de intereses de deuda del sector público nacional creció un 180 por ciento. Esto benefició obviamente a los que especulan con activos financieros, en general, y títulos públicos, en particular, pero multiplicó los pobres.

Si se quiere dejar de multiplicar pobres y, lo que sería mejor, bajar la pobreza hay que terminar con la inflación. Chile y Uruguay en el 2006 tenían 32 por ciento de la población en la pobreza. Hoy, ambos países, tienen 8 por ciento de pobreza. Lo lograron en base a tener inflación anual de un dígito y una economía que crece, no a “tasas chinas”, sino a tasas moderadas pero sostenidas. Uruguay tenía una historia similar a la argentina y la cambio: hace 15 años que no para de crecer. ¿Cómo lo lograron? Teniendo un sector público ordenado, que no pretende financiar déficit fiscales altos con emisión monetaria o tomando costosa deuda externa.

El problema en Argentina es que todavía se sigue creyendo que propugnar tener un sector público equilibrado es “anti progre”, “neoliberal” o “ajustador”. Cuando en realidad es la base para empezar a sacar a la gente de la pobreza. La prueba de que un sector público ordenado trasciende las fronteras ideológicas está en el hecho de que Chile tiene gobiernos de derecha y Uruguay de izquierda, pero ambos respetan el equilibrio fiscal.

(*) Economista de Idesa