En Chile buscan una salida política para frenar la ola de violencia

Santiago de Chile

Una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet se consolida como la gran apuesta de la oposición y grupos sociales para descomprimir la crisis en Chile, donde continúan los saqueos, incendios y enfrentamientos tras casi un mes del estallido.

Con 22 muertos, miles de heridos y considerables daños al comercio y varios edificios patrimoniales, la crisis social arrastró al peso chileno a su menor valor tras cotizarse en 794,97 unidades por dólar.

La estrepitosa caída llevó ayer al Banco Central a anunciar la inyección de 4.000 millones de dólares, para “mitigar eventuales tensiones” en los mercados financieros, “al combinarse los acontecimientos sociales recientes con la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año”.

En la misma línea, el Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA), principal referencia de la Bolsa de Santiago, cayó 2,96%.

La noche más violenta

Al cabo de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas, la noche del martes el presidente Sebastián Piñera ratificó su propuesta para cambiar la Constitución que se ha mantenido en 30 años de democracia, sin que prosperara ningún proyecto para reemplazarla. Ese día murieron otras dos personas, una en un atropello en medio de las manifestaciones y otra en un incendio tras un saqueo.

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En un mensaje ampliamente esperado, el mandatario aseguró que el cambio se haría dentro del marco de la “institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, y con un plebiscito ratificatorio”.

Pero no mencionó la realización de una “Asamblea Constituyente”, como pide la oposición y agrupaciones gremiales. La apuesta del gobierno va por un “Congreso Constituyente”.

Esa opción “se aleja de la demanda popular por participación y deliberación”, dijeron en una declaración 14 partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista (PS), el Comunista, Radical y la Democracia Cristiana, además de la izquierda radical agrupada en el Frente Amplio. “Nos parece imprescindible que la gente sea protagonista”, ratificó el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

La llamada “Mesa Social”, que reúne a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), gremios de la salud pública y empleados fiscales, y que el martes llamó a una huelga general acatada parcialmente, le dio un “ultimátum” al Gobierno, con una amenaza de paro indefinido si no acepta convocar a una Asamblea Constituyente.

Durante esta jornada, el mandatario sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos de la sociedad civil, gremios y organismos sociales e intentaba en el Congreso avanzar hacia un acuerdo Constitucional, en busca de una salida política a esta crisis, que mantiene semiparalizado al comercio, la educación y otras actividades como el fútbol, cuyos jugadores resolvieron ayer no jugar un duelo amistoso frente a Perú la próxima semana.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue considerada un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990. Hoy es señalada como el origen de las inequidades y la distancia de la clase política con la sociedad. Su ideólogo, Jaime Guzmán, fue asesinado por un comando de izquierda en 1991.

El último intento por reemplazarla tuvo lugar durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), pero no prosperó.

Piñera entregó su mensaje en medio de una de las jornadas más violentas en casi un mes de protestas, que se inició con barricadas y terminó con incendios, saqueos y fuertes choques con la policía en el centro de Santiago y varias ciudades del país. Un balance policial arrojó 340 policías heridos en enfrentamientos y 146 manifestantes.

Un civil falleció, además, en la ciudad de Calama (norte) “producto de un accidente de tránsito en una manifestación”, y la Fiscalía confirmó que se encontró un cadáver mientras bomberos efectuaba la remoción de escombros en un supermercado de Arica. (AFP)