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José Maldonado
jmaldonado@eldia.com
La segunda gran pulseada legislativa para Axel Kicillof desde su desembarco en la Gobernación, por la sanción de la Ley Fiscal para 2020, se desplegó ayer en una tensión entre dos lógicas en conflicto: la de las necesidades financieras de la Provincia y la de la política, que anoche parecía imponerse en la mesa de negociaciones.
La jornada arrancó con fuerte impacto por la repercusión mediática que tuvo uno de los artículos más controvertidos del proyecto, el ajuste de hasta el 75 por ciento en el Inmobiliario urbano y rural para las propiedades de mayor valor.
Se trata de una medida con la que Kicillof buscaba reforzar el perfil progresivo de una ley clave para su gestión, cruzada por necesidades financieras.
En la oposición, que recién pudo acceder a las 150 páginas del proyecto el martes 24 horas antes del brindis navideño, el desafío pasaba por hacer valer el número en las cámaras, negociando modificaciones que fueron un gesto para su propio electorado, pero sin aparecer como una amenaza a la gobernabilidad. “No nos parece ilógico lo que están pidiendo. Pero cómo le explicamos a nuestros votantes que vamos a votar esto así como vino teniendo mayoría”, decía ayer un senador de Cambiemos de un distrito del interior bonaerense.
En el centro del conflicto estaba el incremento del Inmobiliario. La propuesta de la oposición, que anoche se estudiaba en la Gobernación, fue que se ponga un tope máximo del 50 por ciento en el ajuste de ese tributo. Además, pidieron para acompañar la norma que se modifique el esquema de ajuste de Ingresos Brutos para varias actividades.
En el bloque del PRO, la UCR y la Coalición Cívica hubo un claro rechazo a la metodología con la que el Ejecutivo pretendió llevar adelante la negociación. “Nos mandaron el proyecto el 24 y pretendían que bajemos a votarlo el 26 sin ni siquiera mandar a un ministro a las cámaras para explicar los detalles técnicos”, reprochaban ayer en las bancadas de Juntos por el Cambio.
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El gobernador Kicillof, que siguió de cerca las negociaciones en una jornada intensa en la que se reunió con docentes, la Suprema Corte y los intendentes peronistas, ordenó por la tarde que el Jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro de Economía Pablo López y el titular de ARBA Cristian Girard vayan a la Legislatura no solo a explicar detalles técnicos sino también, y sobre todo, a dar un gesto político esperado en la última negociación del año.
Anoche, todo parecía encaminado a un acuerdo. Pero en el medio se instaló otra agenda de negociaciones con la oposición, que ahora cobrará protagonismo, por el reparto de los sillones en el Banco Provincia y en los organismos de control de la Provincia.
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