Reactivar el consumo, una obsesión del Gobierno como fórmula anti-recesión

El Gobierno nacional inyectará unos 100.000 millones de pesos destinados al consumo interno como un intento de frenar la baja de la demanda. Luego de que las cifras oficiales arrojaran una caída del 8,8 por ciento de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, y otra del 3 por ciento para los centros de compras, el desplome lleva 15 meses consecutivos, pero en el último bimestre mostró una desaceleración con respecto al fuerte proceso recesivo de períodos anteriores.

“Estamos volcando 100.000 millones de pesos para el consumo de los sectores más postergados y hambrientos de la Argentina. Estamos acordando con empresarios, sindicalistas y el campo para que esto no suba los precios y se vuelva un circuito virtuoso”, dijo el presidente Alberto Fernández.

Será a través de aumentos de jubilaciones, pensiones y AUH, además de la estrategia de combatir el hambre a través de una tarjeta de alimentos, que empezó a distribuirse en Concordia y mañana llegaría a algunos distritos del Conurbano bonaerense.

En este contexto, con la serie de medidas a adoptar por parte del gobierno de Alberto F, un análisis elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella afirmó que la confianza de los consumidores argentinos consultados sobre el futuro de la economía mejoró un 2,4% mensual y un 17,7% anual tras el cambio en la gestión.

“El estímulo a la economía que plantea el Gobierno es apropiado para la emergencia económica en curso. Sabemos que la sociedad posee urgencias: hambre, pobreza, y deudas. Pero también tiene restricciones, en particular, la fiscal (reducir el déficit financiero), externo (administrar las divisas escasas de la economía), y privado, ya que por el nivel de deudas de las empresas, las mismas no pueden costear grandes aumentos salariales”, le explicó a EL DÍA Genaro Grasso, economista de Proyecto Económico.

“Y, por otro lado, existen riesgos: a partir de 2018 entramos en un régimen de alta inflación, que implica no sólo altos niveles, sino fuerte volatilidad e incertidumbre. Esto incentiva las conductas especulativas y las remarcaciones precautorias de precios. Por lo tanto, el Gobierno realiza un delicado equilibrio entre satisfacer las necesidades y enfrentar las restricciones, con bajas certezas sobre dónde se encuentra el límite de ese equilibrio”, agregó.

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“Es por ello que el primer paso lo dio el Estado en clave de Emergencia Económica, lo que permite, por un lado, ganar la flexibilidad para pilotear los primeros 6 meses de nubarrones, y por otro, dar certidumbres sobre ciertas variables, como las tarifas, combustibles y el tipo de cambio, esenciales en la formación de precios”, explicó.

El economista de Proyecto Económico, equipo que encabeza la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, agregó que “como no puede aumentarse el déficit, el gasto se focaliza en los que menos tienen, a partir de bonos en suma fija para beneficiarios de jubilaciones bajas y AUH, que son los que más consumen. Resta aumentar los sueldos de los trabajadores; allí también puede pensarse un esquema razonable de suma fija, comenzando por el Estado y decretándolo al sector privado. Si las pymes no lo pueden pagar, la ley de Emergencia faculta al Poder Ejecutivo a eximirlas de que paguen cargas sociales por el incremento de salarios mínimos.

Asimismo, una vez que por medio de la moratoria tributaria y la reactivación del consumo de las clases más postergadas, las empresas comiencen a vender más, podrán recomponer rentabilidad y pagar mejores sueldos”.

El economista remarca la necesidad de atender al desempleo, uno de los flagelos más importantes. Para ello cree necesario reactivar en marzo la obra pública de baja escala, generadora de mano de obra y dinamizadora de cooperativas y entidades de la economía popular. Y que la obra pública llegue al 3 por ciento del PBI en 4 años y a 7 por ciento en el largo plazo.

MÁS CONSUMO Y LA INFLACIÓN

Con respecto a la posibilidad de que este ingreso de fondos en el mercado pueda generar una aceleración de la inflación, Grasso afirmó que “otro desafío consiste en estabilizar y comenzar a bajar la inflación. El plan actual no posee per se grandes riesgos inflacionarios. Como hemos visto en 2016, 2018 y 2019, el consumo no genera inflación, sino los costos. El actual plan no prevee subas del tipo de cambio o tarifas, y los aumentos salariales no son excesivos. No existe una necesidad de un fuerte traspaso a precios. Pero aquí la remarcación preventiva puede minar el éxito del programa. Por ello, ante la incertidumbre, el Estado debe coordinar a los actores con un nuevo Precios Cuidados, reglamentar el Tribunal de Defensa de la Competencia y desarrollar la política del Observatorio de Cadenas de Valor, para evitar excesos”.