Con o sin ley, Vidal quiere mostrar de dónde saldrán los fondos de campaña

Los partidos políticos que participen del próximo proceso electoral en la Provincia, sólo podrán recibir aportes de campaña efectuados mediante transferencias bancarias. Así, se permitirá conocer la identidad del donante y la trazabilidad de los recursos que se utilizarán en la actividad proselitista. En ese sentido está trabajando el gobierno bonaerense que pretende avanzar en una reforma que contempla regulaciones sobre los aportes privados, luego de las denuncias sobre el origen de los fondos que utilizó Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017.

Así se los dijo la propia Vidal a unos 40 diputados provinciales del bloque de Cambiemos que el miércoles pasado la visitaron en la Gobernación. “Antes de que empiece la campaña vamos a mostrar de dónde saldrá el financiamiento”, fue el mensaje que partió desde el Ejecutivo bonaerense. Con o sin reforma de la ley de gastos electorales, la Gobernadora quiere hacer un fuerte gesto antes de salir a competir por la reelección como un movimiento preventivo para desactivar cualquier agenda opositora que busque golpear por ese costado.

Aunque todavía quedan por definir varios aspectos, la movida tendrá como eje central dos aspectos claves en la discusión por la transparencia en el financiamiento de la política: la trazabilidad de los aportes, es decir, la posibilidad de determinar con precisión el origen y el recorrido de los fondos que nutren la campaña; y las regulación de los aportes privados y de las personas jurídicas.

Después de la derrota en la pulseada política por el desdoblamiento, en el gobierno provincial repiten una y otra vez que, al tener comicios simultáneos, todo pasará por una decisión de la Nación. La semana pasada, en el ala política del gobierno de Macri avanzaron en un nuevo camino, luego de que se cayera la posibilidad de que el Congreso convoque a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de reforma integral a la ley de financiamiento político que está estancado en el Senado. La idea, blanqueada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, es regular por decreto algunas cuestiones claves que apunten a la transparencia en el manejo de fondos.

En la Gobernación y en los bloques de diputados y senadores bonaerenses del oficialismo también ven que hay poca maniobra para un debate legislativo sobre cuestiones de fondo de cómo funcionan los gastos en la política, una materia que en la Provincia se sigue regulando casi enteramente por una ley del retorno a la democracia. “Es un debate pendiente de muchos años, no lo vamos a poder resolver en meses”, explican.

Además, una vez que se firme el decreto de convocatoria a las elecciones, los primeros días de marzo, en Cambiemos creen que no se podrá abrir discusiones para reformar aspectos de un proceso en curso.

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En la Provincia no existe un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Apenas hay algunas reglas dispersas. En principio, la Constitución bonaerense establece el sostén económico de los partidos políticos y la obligatoriedad de dar conocimiento de las fuentes y el destino de los fondos que utilicen. En el año 1982, un decreto ley estableció el Fondo Permanente para los partidos. En 2009, otra ley garantizó el financiamiento para la impresión de boletas de los partidos. “Hay enormes baches en la legislación de la Provincia”, dicen los especialistas.

El proyecto del Ejecutivo apunta a que todos los recursos estén bancarizados

Según pudo saber EL DIA, en la Gobernación estudian por estas horas la posibilidad de avanzar con un decreto propio pautando aquellas áreas que no están legisladas. Los lineamientos centrales, en rigor, ya habían empezado a esbozarse en un borrador en el Ejecutivo semanas atrás, ante la eventualidad de un desdoblamiento que hubiese obligado a la Provincia a establecer normas para su propia elección separada de la nacional. Básicamente, apuntarán a establecer la bancarización de todos los aportes de campaña.

La idea, como se dijo, es establecer para todas las agrupaciones que participen en el proceso que sólo puedan recibir aportes efectuados mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito, débito o plataformas y aplicativos digitales. Es decir, todos los sistemas que permitan la identificación del donante y la trazabilidad del aporte.

Además, podría haber otras reformas. Una de las posibilidades es sumar a los posibles aportantes a las personas jurídicas, que en la legislación nacional permite pero que no tiene legislación a nivel provincial.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña apartó al juez Sebastián Casanello de la causa que investiga la trama de los aportes truchos de campaña de Cambiemos en las últimas elecciones, las legislativas de 2017. Por su juzgado, habían pasado decenas de testigos, la mayoría de ellos beneficiarios de planes sociales, que aparecían como aportantes en los registros oficiales pero que jamás habían puesto dinero para promocionar las candidaturas oficiales. La resolución fue celebrada en el oficialismo, que aspiraba a que la causa recaiga, como finalmente lo hará, en el ámbito del Juzgado Federal Electoral. Las presuntas maniobras serán analizadas como faltas electorales y no cómo eventuales delitos penales.

Pese a las buenas noticias, en el gobierno de María Eugenia Vidal saben que el tema de los aportes falsos que se descubrieron en una investigación periodística el año pasado puede ser un flanco débil de cara a la campaña electoral que se avecina. Por eso, quiere avanzar ya con las reformas.