Atribuyen a una fiscal la orden para la cesárea a la nena violada

El hombre acusado de haber violado a la niña de 11 años, que quedó embarazada y a la que le practicaron una cesárea tras solicitar el acceso a la ILE, sigue detenido y el juez espera los resultados de los estudios de ADN para avanzar en la causa, en tanto que desde el Gobierno provincial aseguraron que una fiscal dio la orden para no interrumpir el embarazo en respuesta a lo difundido ayer por la Corte Suprema de Justicia.

“El ADN es fundamental en este caso para confirmar que el acusado fue efectivamente el agresor”, explicó un investigador- y una vez que se tengan los resultados de todos los estudios se podrá avanzar en la causa”.

El hombre, quien es pareja de la abuela de la nena abusada, fue detenido por orden de la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual.

La identidad del acusado por el momento se mantiene en reserva a la espera del resultado del estudio de ADN.

Reuter, además, ya elevó el pedido de prisión preventiva y espera la resolución del juez de instrucción Francisco Pisa, a cargo de la causa.

Por su parte, la ministra de Salud, Rossana Chahla, defendió el accionar de los médicos de esa cartera en el caso de la niña embarazada y afirmó que “la fiscal Adriana Giannoni (a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios ) dio la orden de no interrumpir el embarazo”, tras lo cual aclaró que “está todo documentado”.

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La funcionaria aseguró que “no fue una medida pedida por el Ministerio de Salud”, luego de las duras críticas que recibió la cartera sanitaria provincial por su actuación en el caso.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán había señalado el miércoles que el comunicado emitido por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la cartera tucumana que “menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, no refleja lo requerido por la jueza interviniente”.

El fallo FAL de la Corte determinó que los abortos legales (como en el caso de una violación) no se deben judicializar.

Tras la polémica, Chahla aclaró que la orden fue dada por la fiscal Giannoni y explicó que el Siprosa nunca obstaculizó el derecho de la madre ni de la niña, ya que “se actuó siempre sin que primaran las cuestiones religiosas, sino médicas”.

“La niña de 11 años está bien, pero las posibilidades de que el bebé sobreviva son muy bajas”, informó la funcionaria.

El gobernador Juan Manzur, al ser consultado sobre el caso, aseguró que “se hizo lo que la familia solicitó” y le pidió a la Justicia que “le caiga con todo el peso de la ley” al abusador para que “se pudra en la cárcel”.

La madre de la niña de 11 años denunció el 5 de febrero en la Unidad Regional Este de Tucumán que su hija había sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna, y solicitó de forma verbal la ILE (interrupción legal del embarazo), pedido que reiteró durante la atención médica.

Fue tras llevar a su hija a un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) donde indicaron que tenía un embarazo de 16 semanas. La niña fue trasladada, entonces al hospital del Este Eva Perón de Tucumán, donde quedó internada hasta la práctica que se le realizó en la madrugada del miércoles cuando cursaba la 23 semana de gestación, por lo que organizaciones de derechos humanos y feministas denuncian una dilación inapropiada.