Ordenan interrumpir el embarazo de una menor abusada por su padre

Una adolescente de 17 años fue sometida ayer a la madrugada a la interrupción de su embarazo de casi dos meses, luego de una decisión judicial y tras ser abusada sexualmente por su padre, que está detenido en la localidad salteña de Joaquín V. González, según informaron fuentes judiciales.

El juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Guzmán Salustros, fue quien ordenó que se cumpla con el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) para la menor, víctima de un abuso sexual.

La adolescente fue abusada por su padre, que está detenido, acusado de abuso sexual con acceso carnal, y la interrupción se realizó durante la madrugada, cuando ella atravesaba casi el segundo mes de gestación.

Tanto la víctima como su madre estaban de acuerdo en la decisión, y la práctica salió dentro de los parámetros esperados, según confirmaron los voceros judiciales.

El juez ordenó que tal medida se realice con la mayor accesibilidad, confidencialidad, privacidad y celeridad, y ordenó al médico legal de la Policía que se constituya en el nosocomio donde se iba a realizar la práctica, para que reciba y acondicione el material resultante del legrado para los posteriores estudios a realizarse en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con la finalidad del cotejo genético posterior.

Al resolver, el juez recordó que “desde 1921 el Código Penal Argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente (artículo 86 incisos 1 y 2 del código de fondo)” y en particular el caso “F.A.L s/ medida autosatisfactiva” resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Implicaría varios delitos

“El Máximo Tribunal dejó en claro que la Constitución y los tratados de Derechos Humanos no sólo impiden interpretar el supuesto legal en sentido restrictivo, sino que obligan a una interpretación amplia, de acuerdo a la cual no es punible el aborto practicado sobre cualquier embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima”.

A la vez, citó el decreto 584 -publicado en el Boletín Oficial 20269- a través del cual la provincia de Salta adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, elaborado por el gobierno nacional en 2015.

“De este instrumento surge que el ejercicio de la opción a la ILE en la circunstancia ahora analizada se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información; asimismo, a los principios de no discriminación e igualdad”.

Previamente, el juez destacó que se realizaron todas las medidas y diligencias necesarias a fin de que la menor víctima pueda ejercer su derecho sin obstáculo alguno.

“Lo que se busca es que la solicitante pueda acceder, sin impedimento alguno, a la práctica de la ILE que ha solicitado desde el inicio de la presente causa”, señaló el magistrado.

Además, citó el preámbulo de la Convención de “Belém Do Pará”, que sostiene “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.

La Convención impone, como uno de los deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer.