Otro reclamo de la Corte a Vidal: le pide que se cubran 170 vacantes en la Justicia

El clima de tensión que se registra entre la Suprema Corte y el gobierno de María Eugenia Vidal registró en las últimas horas un nuevo capítulo. El alto tribunal dictó una resolución en la que exige a la mandataria la cobertura de 170 cargos de magistrados, al tiempo que cargó contra la “demora” del Ejecutivo en el cumplimiento del trámite.

La Corte afirmó que la cantidad de cargos sin completar representa el 12,73% del total de los magistrados y advirtió sobre los inconvenientes que se registran en los juzgados por esta circunstancia. Indicó que muchas de las vacantes “deben ser subrogadas por magistrados de otros órganos, circunstancia que deja en evidencia la afectación del funcionamiento adecuado” de la Justicia.

La crítica resolución que firman los ministros Eduardo De Lázzari (presidente del tribunal), Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani, se suma a una serie de pronunciamientos que viene generando la Corte desde que De Lázzari se hizo cargo de la presidencia el 19 de abril.

De hecho, el tribunal ya reclamó por los fondos presupuestarios al Ejecutivo al advertir sobre la paralización de obras en diversos tribunales.

Pero en lo que es el aspecto más tirante de la relación, por resistencia internas aún no ha logrado incorporarse al plenario Sergio Torres, el nuevo ministro impulsado por Vidal.

Torres ya cuenta con el pliego aprobado por el Senado, pero en sectores de la Corte se le sigue objetando el domicilio que acreditó en la Provincia, uno de los requisitos que debe cumplir para integrar el alto tribunal. En ese contexto, en las últimas horas la Corte dio un paso más y pidió al Procurador Julio Conte Grand un dictamen acerca del domicilio declarado por el todavía juez federal.

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PRONUNCIAMIENTO

En ese contexto apareció el nuevo pronunciamiento que surgió en el último plenario del tribunal. “Al día de la fecha se encuentran vacantes 170 cargos de magistrados, lo que equivale al 12,73 por ciento del total”, se indica en la resolución.

Los jueces detallaron que a los 170 cargos vacantes deben sumarse otros 14 por suspensiones o apartamientos preventivos y las licencias por razones de salud de carácter prolongado, con alta probabilidad de que deriven en el cese de los magistrados por jubilación.

Precisaron que de los 170 vacantes, 90 están en trámite de selección de postulantes por ante el Consejo de la Magistratura y 31 poseen ternas, listas conjuntas o propuestas que han sido elevadas por el citado Consejo al Poder Ejecutivo, sin que hasta la fecha se haya remitido la propuesta correspondiente al Senado.

Además 16 pliegos están para su tratamiento en la Cámara de Senadores y otros 22 fueron aprobados, pero resta el correspondiente decreto de designación, mientras otras 11 vacantes aún no han sido concursadas.

Puntualizaron también que 44 de esas vacantes son cubiertas por integrantes del Cuerpo de Magistrados Suplentes y nueve por magistrados que cuentan con decretos para órganos que aún no funcionan “a los cuales se le ha tomado juramento anticipado, a los efectos de paliar mínimamente la grave situación”.

“Las restantes 131 vacantes deben ser subrogadas por magistrados de otros órganos, circunstancia que deja en evidencia la afectación del funcionamiento adecuado de esta administración de Justicia”, sostuvieron en la resolución.

La Corte aseguró además que “las mayores demoras se producen desde que las ternas son recibidas por el Poder Ejecutivo hasta la remisión del pliego al Senado”, en un claro cuestionamiento a la gestión de Vidal.

Así, la resolución concluye con la solicitud al Ejecutivo “la agilización de los procesos tendientes a la pronta cobertura de cargos vacantes correspondientes a magistrados”.

FERRARI

Por otra parte, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, participó del 4to Encuentro Federal de Apertura, Innovación y Tecnologías, “Argentina Abierta 2019”, que se realizó en el Pasaje Dardo Rocha.

En ese marco, el ministro se refirió al concepto de “Estado abierto”, como una de las “definiciones principales que adoptamos desde el inicio de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, al adoptar políticas de “transparencia, colaboración y participación ciudadana no sólo en la administración pública, sino también en los demás niveles de Gobierno”.

A modo de ejemplo, Ferrari mencionó la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, la obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas Patrimoniales tanto para la Gobernadora, funcionarios públicos de la Policía y el Servicio Penitenciario; la implementación de un canal de denuncias para casos de corrupción en el Poder Ejecutivo, un Programa de Integridad para Empresas, y el programa “Buenos Aires Transparente” en municipios.

“Generar nuevas formas de acercar el Estado al ciudadano se logra no sólo aumentando la cantidad de información disponible, sino también mejorando su calidad y garantía de acceso. Y lo tenemos que hacer entre todos: gobierno nacional, provincias, municipios, empresas, ONGs”, concluyó Ferrari.