La titular del Juzgado Correccional Nº5 de Quilmes, Sandra Martucci, realizó una inspección y clausuró la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, a partir de una denuncia que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La Comisión por la Memoria había denunciado que los internos de la mencionada cárcel se encontraban en condiciones de hacinamiento extremo. El penal “cuenta con 482 plazas, sumadas a las 562 personas por el cupo impuesto por el Servicio Penitenciario, lo que da un total de 964 personas. Al momento de la inspección había 1.526 personas efectivamente alojadas, lo que genera entre, otros gravámenes, una situación de hacinamiento extremo”, informó la Comisión por la Memoria que el martes último realizó una nueva recorrida por la cárcel, en la que al momento de la inspección en el “pabellón de admisión, se encontraban alojadas 28 personas en celdas individuales y -según el relato de las personas detenidas- 7 viven en las duchas”.

Además, de comprobar la sobrepoblación en la Unidad Penal 23, el organismo bonaerense pudo cotejar que “los distintos sectores del penal no reúnen las condiciones materiales mínimas para el alojamiento, se imparte un trato cruel, inhumano y degradante a las personas privadas de la libertad”.

Fue a mediados de agosto pasado cuando un equipo del Comité contra la tortura de la CPM realizó una inspección de rutina en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde recorrieron distintos espacios: el pabellón 8 de admisión, la leonera o celda de vigilancia y tratamiento, la leonera de control y el sector de sanidad. En ese momento se encontraron con el penal colapsado, por lo que presentaron un habeas corpus ante el Juzgado Correccional Nº5 del departamento judicial de Quilmes, advirtiendo las deplorables condiciones de vida de las personas detenidas y poniendo énfasis en los riesgos posibles producto del hacinamiento. Al mismo tiempo, la Comisión por la Memoria, solicitó que se prohíba el ingreso de más personas al penal.

La jueza Martucci, que se hizo presente en el penal acompañada por un perito ingeniero y un fotógrafo, dispuso como medida cautelar la clausura preventiva de las leoneras y la reubicación de las personas detenidas.

Luego de inspeccionar las leoneras, verificar las condiciones materiales en las que se encontraba y certificar que dichas condiciones eran un riesgo para la integridad física de las personas, Martucci dio la orden de clausurarlas hasta tanto no se lleven a cabo las refacciones necesarias para su correcta utilización.