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Las decisiones de algunas provincias y municipios de nuestro país de restringir el acceso de personas a esas jurisdicciones para frenar el avance del coronavirus –se entiende que de una manera parcial y provisoria, contemplándose además situaciones de excepción- fueron un recurso comprensible, en la medida en que se apuntó a evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, algunos gobernadores siguen manejando a su arbitrio la prohibición de ingresos a sus provincias, a tal punto que, puede decirse, pareciera que intentan dividir el país con fronteras internas.
Se habla en general de algunas provincias del Norte y, especialmente, de la de Formosa, gobernadas desde hace muchos por funcionarios a los que, dado el escaso apego a las formas republicanas con que conducen sus administraciones, se los ha llamado con razón en las últimas décadas como “señores feudales”. Señores feudales que consolidaron territorios autocráticos, pero que, con la excusa de la pandemia, pretenden instituir verdaderos reinos, en lugar de estados federales regidos por la letra común de la Constitución.
Como se sabe, se registraron casos de fronteras infranqueables cuando se negó el acceso de parientes directos, residentes en otras provincias, que querían visitar a familiares gravemente enfermos que fueron rechazados en los límites provinciales, en situaciones que derivaron luego en la muerte del familiar. Se consumaron así varios e inexplicables casos de flagrante deshumanización, que pudieron haber sido evitados con la toma de mínimos recaudos. El ejemplo más arquetípico y aún vigente de ese fenómeno lo encarna hoy el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que ejerce el cargo desde fines del siglo pasado.
Insfrán decidió blindar las fronteras internas, es decir las que dividen a Formosa del territorio argentino y acaba de defender esas estrictas medidas, al sostener que lo hace para evitar la propagación del coronavirus. Así, afirmó que el “derecho a la salud y a la vida, están por encima del derecho a la libre circulación”. Tales expresiones contrastan, si se quiere, con la permeabilidad que ofrece la frontera internacional de Formosa, que al norte y este de su territorio limita con el Paraguay. Esa frontera, según se ha dicho, se caracterizan por contar con al menos un centenar de pasos clandestinos, por donde el contrabando va y viene.
Sin embargo, como se ha dicho, las fronteras internas son muros impenetrables. No se sabe cuántos, pero sí que son muchos, los formoseños que están intentando retornar a su provincia después de haber trabajado en otros estados provinciales y que se topan con la negativa y el maltrato del gobierno formoseño, que les impide ese regreso. Puede también mencionarse el caso de otros varados formoseños, que duermen a la intemperie, expuestos a todos los males; de gente que ha decidido tirarse al río Bermejo e intentar cruzarlo a nado, después de haber trabajado como golondrinas en cosechas y que desde hace mucho tiempo no logran volver a sus lugares de residencia permanente en Formosa. Se conoce, además, que un formoseño falleció ahogado al intentar cruzar el río para volver a su tierra.
Lo cierto es que en Formosa rigen las leyes de Insfrán. El gobierno nacional no dice una sola palabra acerca de este “autonomismo” o “independentismo” que impera en la hoy llamada “República de Formosa”. El señor Insfrán insiste en que las medidas excepcionales que toma le han permitido a Formosa ser una de las provincias con menos casos de contagios de COVID-19.
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Podrían mencionarse muchos ejemplos similares, alegados por gobiernos despóticos cuando invocaron las llamadas razones de Estado para justificar quitas de derechos esenciales y muchas otras arbitrariedades. No obstante, bien se sabe que ese tipo de razones de Estado son las que suelen fundamentarse en muy pocos y discutibles motivos, mientras se silencian los numerosos excesos de poder que ellas conllevan.
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