Aprobaron la reforma que le permite al oficialismo nombrar al Procurador

Bajo la conducción política de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo y sus aliados aprobaron anoche en el Senado nacional una controvertida modificación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), por medio de la cual se acotan las mayorías necesarias para nombrar al procurador y se aumenta la injerencia del poder político en la remoción de los fiscales.

La polémica iniciativa fue sancionada con 42 votos afirmativos, centralmente de los senadores nucleados en el Frente de Todos; y 27 negativos, de los representantes de Juntos por el Cambio. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados y se aguarda que el presidente Alberto Fernández lo incluya en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

La coalición opositora argumentó su rechazo en que el relajamiento del mecanismo para nombrar al procurador -se pasa de dos tercios del Senado a una mayoría de sólo 37 votos- atenta contra los acuerdos políticos que deben alcanzarse para que el jefe de los fiscales tenga un perfil que garantice equidistancia y no termine convirtiéndose en un funcionario afín al Gobierno de turno.

A su vez, el bloque del FdT afirmó que ya no será necesario el acuerdo de los dos tercios porque, al mismo tiempo, se le impone un plazo de cinco años al mandato del procurador -con posibilidad de una reelección- y el cargo dejará de ser vitalicio, como ocurre en la actualidad. Sobre el final de la sesión, el oficialismo introdujo cambios en el texto que leyó en rionegrino Martín Doñate.

La discusión de fondo, según pudo constatar EL DIA en el Senado, pasó por el intento del oficialismo de desplazar al procurador interino Eduardo Casal -quien asumió la jefatura de los fiscales en 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó- y de nombrar a un reemplazante con sólo 37 votos, en lugar de los 48 que necesitaría reunir en la Cámara alta para conseguirlo, como determina la ley vigente.

El candidato del presidente Fernández para la Procuración General de la Nación es el juez federal Daniel Rafecas, aunque no está claro que el magistrado sostenga su postulación tras la sanción de la reforma, ni tampoco que Cristina Kirchner avale su nombramiento. De hecho, la reforma posibilita que una Comisión Bicameral nombre al procurador en caso de “vacancia”.

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La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, principal espada de Cristina en el recinto, dejó ayer sentada la postura del kirchnerismo frente a las críticas de la oposición: “Se han escrito ríos de tinta, pero hay que releer la Constitución. El poder encargado de regular al Poder Judicial es el Congreso de la Nación. No existe la autorregulación de los jueces”, advirtió.

Fernández Sagasti sostuvo que la evaluación del desempeño de los jueces y los fiscales puede ejercerse a través de un “control popular directo o indirecto”. En la segunda categoría ubicó al Congreso. De ese modo, se refirió a otro aspecto clave de la reforma: las amplias facultades que tendrá la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

La reforma aprobada ayer prescribe que los fiscales podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, que será presidido por uno de los vocales en representación de la Comisión Bicameral propuesto por la mayoría de ese cuerpo parlamentario.

“La ley es una trampa y cada uno ejerce la moral que tiene. Estamos debatiendo esta ley porque el oficialismo no tiene 48 senadores para nombrar al procurador que quiere. Y porque no tiene la obediencia debida del procurador Casal”, aseguró el senador Esteban Bullrich (JxC-Buenos Aires).

Paradójicamente el autor del proyecto, el senador rionegrino Alberto Weretilneck (de un partido provincial aliado del FdT a nivel nacional) se quejó de que el oficialismo “ablandó” un artículo al disponer que la remoción del procurador se haga por dos tercios de los votos del Senado, en lugar de la mayoría simple que establecía la iniciativa original.

El proyecto que modifica la Ley del Ministerio Público no sólo cambia las mayorías necesarias en el Senado para elegir al procurador general de la Nación, sino también al defensor general. También establece que al momento de su designación, no podrán superar los 75 años.

La iniciativa estipula que el proceso de remoción podrá iniciarse por “decisión fundada” del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados. O también a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara baja. En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (37 votos).

También se establece que la Cámara alta juzgará en juicio público al procurador general de la Nación acusado por la Cámara de Diputados. Y que la remoción se concretará con el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros.

La reforma aprobada ayer indica que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija al presidente de la Nación y se disminuye de 5 a 2 años el término por cual pueden ser nuevamente designados los magistrados una vez que alcancen la edad de 75 años.

Durante el debate en el Senado, el radical porteño Martín Lousteau admitió que “puede ser” que la ex procuradora Gils Carbó haya “renunciado por presiones como dice el oficialismo”, mientras que el salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, denunció que la reforma obedece a un criterio de “venganza e impunidad” por parte del kirchnerismo.