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Mariano Horacio Penas *
Escribano
En mis primeras lecciones, allá por el año 1993, cursadas en la Facultad de Derecho de la UNLP aprendí de grandes profesores la diferencia entre derecho subjetivo y objetivo. La diferencia es simple pero contundente: el derecho subjetivo es ese derecho que cada ser humano tiene con respecto a su identidad, su familia y sobre las cosas, y subyace en la naturaleza misma de nuestra humanidad; y el derecho objetivo es lo que regula, lo que ordena, son las leyes que reconocen esos derechos (subjetivos) y les dan un marco normativo. Queda claro pues, que el derecho subjetivo existe mucho antes que el objetivo, ya que este último es una creación de una sociedad para un momento determinado.
Vale también aclarar que mi postura aún hoy en día sigue generando controversias en el mundo jurídico.
Dicho esto entonces, podemos analizar los últimos hechos vinculados con las tomas de tierras y “estancias” en varias provincias de nuestro país. Estos hechos, que sin ningún lugar a dudas son delitos, han generado (y siguen generando) incertidumbre y angustia entre los argentinos. Conceptos como “incertidumbre” y “angustia” no ayudan a la construcción de una sociedad igualitaria y solidaria, y demuestran una vez más que el Estado se encuentra ausente para atender a la solución de las problemáticas que definen el rumbo de un país que ya ha desandado una quinta parte del Siglo XXI.
Este Estado tan grande pero a la vez ineficiente no se ha hecho presente con su doble estatus de garante del cumplimento de los derechos básicos de los ciudadanos y de único ente capaz de ejercer la fuerza a fin de conservar la paz entre todos los argentinos. Son muchos años en los que dicha ausencia ha provocado, por ejemplo, que las “villas” (años 90) o “barrios populares” (versión 2020) hayan pasado de ser 2.100 en el año 2001 a las 4.400 que hoy se distribuyen en todo el territorio nacional.
Este ejemplo es el dato objetivo más revelador de la ineficiencia e ineficacia a la hora de asignar los recursos de los encargados de administrar el erario público en estos últimos 30 años.
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La receta para que la propiedad privada sea el pilar de un sistema virtuoso de desarrollo económico y social, requiere de mucha inversión constante y de una pizca de presencia estatal ejerciendo el poder de policía. Dicha inversión no deber ser exclusivamente potestad o responsabilidad del Estado. Debe y tiene que ser articulada con el sector privado. Lo público y lo privado se complementan. Desestimemos las teorías binarias que nos presentan una relación excluyente entre ambos sistemas.
“Según las estimaciones de la Secretaría de Vivienda, en nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas, para una cantidad similar de familias. Un tercio de esas familias son pobres, carecen de empleos regulares y de acceso al crédito. Se necesitaría una inversión de 26.000 millones de dólares para dar solución a esa deuda histórica. Como no existen recursos, ni acceso al crédito, ni vocación de reducir los gastos corrientes (con excepción de recortar los magros ingresos de los jubilados), la restricción fiscal continúa siendo el freno a cualquier política sustentable de viviendas sociales”, se indica en una publicación.
A principios de año se lanzó el programa federal “ARGENTINA CONSTRUYE” donde se destinan unos 29.000 millones de pesos para ser destinados a 11 líneas de créditos para la construcción, refacción y ejecución de obras menores y medianas que llegaran durante este año y en 2021 a 5.500 familias. Este programa trata de generar reactivación económica y a la vez dar soluciones habitacionales, pero como tantos otros planes o programas no promueven soluciones de fondo para el déficit en dicha materia que nuestro país sufre desde hace más de 30 años.
Queda claro que lo que necesita nuestro país es, basándonos en el respeto irrestricto de la ley, la proposición de toda la dirigencia política, gremial, empresarial y social de una política pública real y efectiva que trascienda las distintas gestiones y fije objetivos a corto, mediano y largo plazo a fin de asegurar el acceso a la vivienda “a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino”. El plan está. No es fácil su ejecución. Pero de “proyectos imposibles” sabemos los argentinos, toda vez que son los que han forjado el nacimiento y desarrollo de nuestro país. Una nación que durante el mismo período transcurrido en este siglo, supo ser potencia mundial en el siglo pasado.
* Fundación Ciencia+Democracia
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