La Uocra platense debería apelar a las vías pacíficas para dirimir los conflictos

El nuevo y violento incidente que se registró entre grupos enfrentados en la interna de la Uocra seccional La Plata, que en las últimas horas tuvo como escenario a la planta YPF ubicada en el polo de Ensenada y que se tradujo en cruces, aprietes, autos vandalizados y denuncias cruzadas, se convirtió en otro penoso capítulo del historial reciente esta entidad sindical. Y tal como ocurrió en episodios anteriores, corresponde señalar, entonces, que esta situación conflictiva es conocida de sobra por las autoridades y que resulta incomprensible que se repita en distintos lugares de nuestra región.

Como informó este diario, anteayer un grupo de trabajadores de la petroquímica y militantes realizaron una protesta en un sector de la planta, reclamando su continuidad laboral luego del fin de la obra civil que habían realizado, al tiempo que denunciaron amenazas y ataques a más de una decena de coches.

La situación reunía varios condimentos: la conclusión de una de las obras en el polo de Ensenada, el reciente cambio en la intervención gremial y el enfrentamiento que mantienen la agrupación interna del gremio que lidera Iván Tobar y el clan de la familia de Juan Pablo “Pata” Medina, ex dirigente del gremio.

En este contexto, militantes y trabajadores que responden a Tobar denunciaron la cesantía de contratos por parte de la empresa que ejecutó la obra, algo que fue desmentido por la constructora. Pero, a su vez, se produjeron episodios de vandalización de más de una decena de autos estacionados que pertenecían a los trabajadores de la planta, en una situación por la que ya existe intervención policial con dos personas detenidas.

Existen, por cierto, versiones encontradas que deberán esclarecerse. Sea como sea, todo indica que sigue irresuelta -y ahora desatada nuevamente- la lucha interna a través de la violencia física. Las tensiones en la Uocra local tuvieron en los últimos meses varios antecedentes de tinte mafioso. Entre ellos, el ataque a balazos al frente de un edificio que pertenece a una empresa contratista de YPF, y, el más comentado, las amenazas públicas que uno de los referentes de un sector dirigió al otro grupo a través de un video.

Se ha dicho que el problema se arrastra desde hace mucho tiempo. Gravísimos enfrentamientos en las puertas de la Destilería YPF, atentados a balazos a casas de dirigentes, bataholas entre las dos facciones frente a la actual sede de la calle 50 de nuestra ciudad, en episodios que obligaron a intervenciones de la Policía y de guardias de Gendarmería obligadas a disparar balas de goma y gases lacrimógenos, la denominada “interna” de un gremio se viene librando en un contexto de inaudita violencia. Precedida, claro está, por un largo período previo en el que la anterior conducción originó incidentes, presiones y extorsiones muy graves en el rubro de la construcción, que derivaron en causas y condenas judiciales.

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Le costó mucho a nuestro país recuperar el sistema democrático y fue compartido el esfuerzo que todos los sectores desplegaron desde 1983 para mantener abiertas las vías de la institucionalidad. Es de esperar, entonces, que las autoridades policiales y judiciales le pongan un definitivo freno al accionar de quienes se apartan de las vías legales para dirimir sus conflictos. Y que además esclarezcan estos episodios, para sancionar a los autores de los delitos cometidos. No es a balazos ni a piedrazos como se dirimen los conflictos y es responsabilidad del Estado velar para que ello deje de ocurrir.