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El director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Gonzalo Quilodrán rechazó ayer las críticas efectuadas por empresas proveedoras de telefonía e internet, al asegurar que “a buena parte del sector le hubiera gustado seguir teniendo aumentos unilaterales”.
“A buena parte del sector no le gusta la decisión. Le hubiera gustado seguir teniendo aumentos unilaterales, injustificados de precios”, sostuvo Quilodrán en declaraciones radiales.
Desde el Gobierno “no vamos a ser cómplices de generar aumentos por encima del poder adquisitivo de los argentinos y argentinas”, aseguró el funcionario.
El viernes, e Gobierno dispuso un aumento de 5 por ciento para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció un servicio de Prestación Básica Universal, (PBU), para unos 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes (alrededor de 150 pesos a la cotización de hoy).
Por su parte, desde la empresa franco-argentina Telecom advirtieron que “los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5 por ciento no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”.
La prestación tiene el carácter de “obligatoria” porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom. Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
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La empresa que controla también a Personal y Cablevisión apuntó a que “si este es el camino que el Gobierno nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, sumándose a las opiniones en contrario efectuadas por Movistar y Claro.
En este marco, Quilodrán apuntó a que “el universo al que se llegará (con esta medida) es similar al que percibe el IFE y el objetivo es retomar el poder regulatorio para evitar tener argentinos de primera y de segunda por la falta de conectividad”.
Sin embargo, advirtió que “el Estado por sí solo no va a resolver las desigualdades y asimetrías en materia de comunicación, pero es para no dejar a nadie atrás” y agregó “tenemos una Argentina muy desigual también en términos de infraestructura de conectividad”.
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