Mar del Plata y La Matanza serán declaradas “capitales alternas” de la Provincia

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso un proyecto de ley que busca declarar “capitales alternas” a 24 ciudades del país por los próximos cuatro años y que pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las comunas elegidas son Mar del Plata y La Matanza.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, propone -en su artículo 2- la creación del Programa Gabinete Federal, “destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.

Pero además, la iniciativa prevé la posibilidad de que a las capitales alternas se muden dependencias del gobierno nacional que hoy funcionan en la Capital. El proyecto, en principio, nada menciona sobre las capitales de las provincias, entre ellas, La Plata.

Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otros.

La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como “capital alterna”, la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.

Alberto Fernández cuando era candidato presidencial había propuesto “crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar ‘in situ’ los problemas”.

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“Una cosa es ver estadísticas y otra escuchar a la gente, porque se puede entender la dimensión del conflicto”, dijo Fernández.

El proyecto establece que sea el Ministerio del Interior la cartera a cargo de “coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones” y fija que los encuentros sean “convocados con una periodicidad no mayor a 30 días”.

Las demás jurisdicciones que figuran en el proyecto son Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán)

En tanto, el artículo 5º agrega que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación”.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la presencia del gabinete nacional en cada una de las provincias “facilitará la búsqueda de propuestas y el desarrollo de las acciones que hagan efectivas las decisiones adoptadas”.

“Con la misma finalidad, debe emprenderse un análisis exhaustivo a fin de relocalizar en distintas provincias a las sedes centrales de los organismos del sector público nacional que, por su naturaleza, hagan lógico su funcionamiento en lugares distintos a la ciudad autónoma de Buenos Aires”.