Los barrios más afectados por un flagelo que se extiende por toda la periferia

Villa Elvira, Villa Alba, Melchor Romero, Arturo Seguí, San Carlos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Villa Montoro son algunos más afectados por el fenómeno de las usurpaciones de terrenos en el Gran La Plata, aunque el flagelo aparece en casi todos los barrios e incluye a puntos tan distantes entre sí como Berisso y City Bell.

Según inician los propietarios que buscan nuclearse en una entidad que los represente, el fenómeno alcanza a todo el país pero se hace más notorio en la provincia de Buenos Aires.

Recientemente, un informe estimó en alrededor de 120 millones de pesos el monto que mueve esta actividad ilegal sólo en el partido de La Matanza, a través de la venta de 4 mil lotes ubicados en 200 mil hectáreas, en Rafael Castillo y González Catán, que son vendidos a 30.000 pesos, aprovechando la necesidad de quienes carecen de vivienda. En esas organizaciones participarían personas que actúan como gestores y “garantizan” al comprador que no tendrá inconvenientes en hacer posesión de la tierra.

Los observadores estiman que las ocupaciones de terrenos, antes protagonizadas por familias necesitadas de vivienda que actuaban espontáneamente, están cada vez más en manos de organizaciones que hacen de ellas una suerte de negocio inmobiliario paralelo.

En algunos de los barrios más afectados ya conocen el método: un grupo de personas llega al predio elegido y en un corto tiempo limpian todo el terreno. Antes de que los vecinos puedan reaccionar ya tienen el área parcelada y se empieza a concretar la toma. Poco después los lotes salen a la venta a través de las redes sociales.

En algunas de esas redes, por caso, propietarios han registrado la presencia de mensajes ofreciendo terrenos a través de una operación sin respaldo legal a precios inverosímiles frente a los que maneja el mercado.

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Por caso, aparecen vendiéndose a precios de entre 20.000 y 30.000 pesos terrenos cuyo valor de mercado asciende a los 20.000 dólares. Incluso se ofrece en algunos casos financiación, con cuotas que ascienden a los 300 pesos.

Otras particularidades del avance de este delito es que avanza sobre todo tipo de área, recientemente, por caso, se dio cuenta en este diario de la toma de un terreno fiscal originalmente destinado a convertirse en plaza y hasta de la usurpación de un sector que es la continuación de una avenida.

Los episodios de toma también dan lugar a momentos de tensión entre los habitantes de los asentamientos nuevos y los vecinos. Esa tensión no se limita al momento de la toma, sino que puede persistir por el efecto de los nuevos asentamientos sobre, por caso, la provisión de servicios de infraestructura como la luz y el agua en los barrios afectados.

Según las normativa vigentes, se considera que una o más personas incurren en el delito contra la propiedad inmueble definido como “usurpación” cuando “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojaren a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él; sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.

Con todo, en el ámbito penal la mayoría de las causas no prosperan, dicen los propietarios que buscan nuclearse en una ONG que actualmente está tramitando su personería jurídica.

Las demandas terminan en la justicia civil, donde se inicia un camino incierto, en el que los dueños de los terrenos usurpados, que tienen que hacerse cargo de los costos de los procesos, enfrentan largas temporadas de trámites intentando recuperar su propiedad.

Villa Elvira, Villa Alba, Romero, Seguí y San Carlos, entre las barriadas con más usurpaciones