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Los abogados denuncian que hay miles de juicios congelados y apuntan contra jueces y funcionarios. Teletrabajo, en la mira
José Maldonado
jmaldonado@eldia.com
El jueves pasado, el Poder Judicial bonaerense cumplió un mes desde el inicio del asueto dispuesto por la Suprema Corte por la emergencia sanitaria, en medio de un fuerte debate con cruces entre abogados, funcionarios y magistrados y el gremio de los trabajadores sobre la marcha de la Justicia en la Provincia en la era del coronavirus.
Mientras por un lado hay denuncias sobre millones de causas virtualmente paralizadas; sentencias que no llegan, expedientes que no se mueven y críticas a un sistema que solo contempla la atención de asuntos urgentes, por otro lado hay advertencias sobre presiones para declarar esencial el servicio de Justicia y volver a la “normalidad” en un contexto que supondría alto riesgo sanitario en los tribunales bonaerenses.
El debate se encendió en los últimos días con una carta abierta que el Colegio de Abogados de la Provincia dirigió a la Suprema Corte y al gobernador Axel Kicillof, en la que aseguran que la situación no solo tiene impacto negativo sobre el servicio de justicia sino sobre la realidad de unos 65 mil profesionales del derecho bonaerenses “que no tienen acceso a su trabajo y se ven afectados económicamente”.
El reclamo de los abogados es una de las voces en un debate que atraviesa también a otros sectores de la Justicia, desde jueces, secretarios y funcionarios, a la propia Suprema Corte y al gremio de los trabajadores judiciales, para quienes, por ejemplo, las medidas de restricción del trabajo presencial que se vienen tomando son insuficientes y hay que profundizarlas.
El “asueto con suspensión de términos y con servicio de guardias para la atención de asuntos de urgente despacho” fue dispuesto por una acordada de la Suprema Corte bonaerense el pasado 15 de marzo, a pocas horas de que se anuncien las medidas de restricción de actividades en todos los ámbitos para evitar la expansión del COVID-19 y que luego se profundizarían con la cuarentena general.
Entró en vigencia el 16 de marzo, en medio de rumores sobre casos sospechosos de coronavirus en juzgados del Conurbano bonaerense. Desde entonces, se suspendió la actividad normal y se dispusieron, en todos los fueros, servicios de turno que se ocupan en forma presencial de asuntos “que no admiten postergación”, según definió la Corte.
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En esa lista hay resoluciones y sentencias vinculadas, por ejemplo, a cuotas alimentarias, medidas de restricción para casos de violencia de género, hábeas corpus, amparos o decisiones con respecto a libertades en el fuero penal.
Pero además, el máximo tribunal de la Provincia estableció, también con más de 30 resoluciones, que se avance en el sistema de teletrabajo, donde los jueces, secretarios y funcionarios pueden acceder desde sus casas al sistema para realizar audiencias, poner en movimientos causas y tomar resoluciones sin pisar tribunales con plena validez. En la última, de la semana pasada, la Corte dispuso que todas las actuaciones, diligencias y resoluciones se puedan rubricar con la firma digital.
Pero para el Colegio de Abogados de la Provincia, el sistema no funciona y ha “paralizado” en los hechos el funcionamiento del Poder Judicial, lo que impide el acceso “pleno y real” de los ciudadanos al servicio de justicia. Los abogados critican con dureza, además, el hecho de que “alguien pueda meritar qué derecho conculcado es más urgente” y por lo tanto qué reclamo debe ser atendido y cuál no en forma presencial.
Para explicitar el estado de parálisis de la Justicia, los abogados señalaron, en la carta a la Corte, que en una resolución interna dictada a fines de la semana pasada, el mismo tribunal reconoce que “muchos jueces y funcionarios” no tomaron la licencia necesaria para trabajar en forma remota, “por lo que cabe presumir que no han prestado servicio” desde el 16 de marzo, cuando se dictó el asueto
“Nosotros de ningún modo decimos que no haya que establecer medidas sanitarias preventivas, al contrario, pero al mismo tiempo planteamos que el Poder Judicial debe y puede funcionar sobre la base de un plan que contemple la utilización de la tecnología”, dice Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia.
Pero el problema, dicen los abogados, es que la mayoría de los jueces no lo hacen. En un duro documento firmado el viernes por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, se afirma que “son miles los magistrados que pudiendo trabajar desde su casa no lo hacen. Y si no están dispuestos a hacerlos por los 17 millones de bonaerenses o por los 4 millones de procesos judiciales, al menos háganlo por sus compañeros, que necesitan su ayuda”.
Según información oficial de la Suprema Corte bonaerense, a la que accedió EL DIA, hasta el viernes pasado 5.516 jueces, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Provincia usaron activamente el sistema de teletrabajo, sobre un universo total de unos 9 mil.
“Implementar una estructura y un soporte informático sustentable para el Poder Judicial más grande de todo el país es un poco más difícil que simplemente conectar una red de PC de un estudio o habilitar una notebook en la casa de un juez”, explican voceros de la Corte. “El sistema de administración de justicia no estaba preparado para este nivel superlativo de trabajo remoto. En un mes, sin embargo, pasamos de un sistema con cero usuarios a 5.516. Y el objetivo a corto plazo es llegar a los 9 mil”, agregan.
Desde el Colegio de Magistrados de la Provincia, en tanto, destacan que, contra lo que dice el Colegio de Abogados, los jueces y funcionarios se están adaptando al sistema y niegan que haya parálisis.
“Es una situación absolutamente extraordinaria la que toca vivir”, dice el presidente del Colegio, Pablo León. “Desde la declaración del asueto tuvimos que adoptar muchas medidas, con una prestación mínima del servicio para cuidar la salud. Pero estamos dando respuesta y se empezó a usar la tecnología. De hecho, se están realizando audiencias por videoconferencias y se están resolviendo cuestiones”, explica el camarista necochense. “Pero esto es un proceso, y lleva tiempo”, asegura.
“Los jueces y funcionarios se están adaptando al sistema”, se defienden
En medio de ese debate, el gremio de trabajadores judiciales advierte que en los últimos días “lo que viene ocurriendo en los hechos es que gran parte de los jueces, fiscales y defensores están convocando cada vez más personal para atender no solo cuestiones de urgencia sino de todo tipo”.
“Esto ocurre en parte porque hay una ofensiva muy grande para que se reestablezca la actividad en los tribunales”, dice Pablo Abramovich, secretario general del gremio. “No son los abogados de a pie, que entienden los riesgos en que se ponen a los trabajadores”.
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