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En medio de la controversia por la liberación de presos comunes y las revueltas y motines en los penales bonaerenses, un intendente del Conurbano salió ayer a advertir que fueron liberados violadores y narcotraficantes.
El alcalde de San Miguel, Jaime Méndez (Juntos por el Cambio), afirmó: “Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas... Son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel. Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, expresó.
Y acotó: “Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz. Sobre todo a las víctimas de esos mismos delitos y a sus familias”.
En el medio de la polémica, la oposición reclamó que el ministro de Justicia, Julio Alak, vaya a la Cámara de Diputados a dar informes “en forma urgente”.
El planteo fue presentado en las últimas horas por el bloque de diputados de Juntos por el Cambio al presidente de la Cámara Baja de la Provincia, Federico Otermín, y pide la convocatoria de Alak a una reunión con los jefes de todos los bloques políticos.
“La situación de las cárceles bonaerenses en relación a la pandemia por COVID-19 y algunas resoluciones que está adoptando el Tribunal de Casación vinculadas a otorgar arrestos domiciliarios a quienes se encuentran detenidos por decisiones judiciales, nos colocan en un estado de suma preocupación”, dice la nota firmada por el radical Maxi Abad.
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Los legisladores opositores expresaron “preocupación ante la situación que se ha generado en las cárceles de nuestra Provincia” y pidieron “una gestión del tema que evite sesgos ideológicos y acciones que envíen mensajes ambiguos a la sociedad en relación con la delicada cuestión del cumplimiento de las penas de quienes cometieron delitos”.
“La situación de las cárceles requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales”, añadieron.
En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio Matías Ranzini sostuvo que "desde 2005 hubo 133 hombres y mujeres Policías de la Provincia de Buenos Aires asesinados en cumplimiento de su deber", y agregó que "la excarcelación de presos es también una ofensa contra estos héroes policías, los heridos, sus compañeros y la Institución. Honrémoslos".
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