La Suprema Corte definirá un criterio sobre excarcelaciones

La Suprema Corte quedó ayer en condiciones de dictar un fallo sobre el polémico tema de las excarcelaciones. Y se estima que entre el lunes y martes próximos establecerá un criterio “ordenador” que deberán seguir los magistrados de la Provincia para disponer libertades morigeradas.

En medio de la polémica que se generó por el fallo del juez de Casación Víctor Violini que hizo lugar a un hábeas corpus que facilitó la salida de detenidos con el argumento de que estaban incluidos en el grupo de riesgo de contagio por coronavirus, ahora se estima que el alto tribunal establezca un criterio que transite un “camino de racionalidad” en el criterio de las liberaciones.

En el último mes se produjeron cerca de 2 mil excarcelaciones y en varios casos el beneficio alcanzó a acusados de delitos graves.

En medio de la conmoción pública que generó el tema, el caso llegó a la Corte a partir de un recurso presentado por el fiscal de Casación, Carlos Altuve.

El alto tribunal suspendió la decisión de Violini, con lo que se frenaron las excarcelaciones y pidió dictámenes, antes de fallar, al Procurador, Julio Conte Grand, y al defensor de Casación, Mario Coriolano.

Ayer Coriolano presentó su memoria y pidió a la Suprema Corte a que rechace los planteos de Altuve y de Conte Grand, además de que deje firme el hábeas corpus al que hizo lugar Violini.

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Conte Grand había pedido que se revocara aquella decisión de Violini. En sintonía con el fiscal de Casación Carlos Altuve, habló de “arbitrariedad por fundamentación aparente en la acción colectiva y la competencia originaria del Tribunal de Casación”, la “vulneración de la garantía del juez natural”, una “sentencia arbitraria” por argumentos aparentes, el “apartamiento notorio de la letra expresa de la ley” y la violación de los derechos de las víctimas.

En una presentación que hizo ante el máximo tribunal, Coriolano dijo que es “imprescindible” que la Corte bonaerense dicte una norma para “fortalecer” el hábeas corpus por los presos, que se ubicó en medio de una fuerte controversia. Y agregó que ese recurso “debe seguir su curso ante los jueces naturales, sin obstáculos por parte del Ministerio Público fiscal y quienes por el contrario deben acompañar las necesidades de morigeraciones y libertades, dentro de los marcos legales”.

En su escrito, Coriolano cuestiona los argumentos que usó Conte Grand y sostiene que “no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General”.

Para el Defensor de Casación, ni Altuve ni Conte Grand indicaron en cifras reales el impacto que ha tenido el fallo firmado por Violini. “Muy por el contrario, según la información recibida de distintos integrantes de la defensa pública provincial, existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales”, dijo Coriolano en el escrito. A modo de ejemplo, citó el caso de Bahía Blanca donde señala que de 80 pedidos de excarcelación presentados por defensores oficiales “sólo se habían resuelto siete y en 79 había expresa oposición del Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, sostuvo que el criterio de resolución del Tribunal de Casación no implica la concesión de arrestos domiciliarios “en forma directa”, “sino que exige una decisión de cada magistrado particular a cuya disposición se encontraba cada una de las personas detenidas, previo a analizar si el tipo de delito y los antecedentes sanitarios para corroborar si la persona pertenecía a un grupo de riesgo”. Sostiene que “hasta en los casos de delitos leves se requería necesariamente de un juicio valorativo del juez de la causa, es decir, un mínimo proceso de conocimiento en el que se debatiera sobre el carácter del delito y sobre la acreditación de los presupuestos sanitarios”.

En definitiva, Coriolano expresó la necesidad que “se ordene la situación en el marco de la grave crisis humanitaria frente al cuadro de hacinamiento existente en las cárceles bonaerenses que fuera reconocido en reiteradas oportunidades por la Suprema Corte, que se ve agudizada por el contexto actual de la pandemia”. Por eso, pidió que se rechace el recurso presentado por los fiscales y que la Corte dicte una “norma práctica” que ordene la situación de los hábeas corpus individuales.

Ahora la Corte debe decidir si el fallo de Casación estuvo bien dictado y si no lo está, revocar los beneficios que se concedieron por aquella resolución. Pero, como se dijo, se estima que dictará un criterio “ordenador” para que deberá seguirse para disponer libertades.

A los dictámenes de contrapuestos de Conte Grand y Coriolano se agregaron cuatro presentaciones particulares. Las agrupaciones Usina de Justicia y Madres del Dolor pidieron participar de la causa para que se defiendan los derechos de las víctimas y que los detenidos que salieron vuelvan a las cárceles.

En tanto, la Comisión Provincial de la Memoria y el Cels denunciaron “la crisis humanitaria que afecta al sistema de encierro y respaldaron el hábeas corpus.