Se tensa la tregua entre autoridades del IOMA y la Agremiación Médica Platense

La tregua firmada entre las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) no alcanza para suavizar un conflicto que estalló en plena pandemia y que ayer sumó nuevos tiroteos verbales.

Fue durante el encuentro virtual que el presidente de la obra social bonaerense, Homero Giles, mantuvo con representantes de la Cámara de Diputados de la Provincia, ante quienes se detuvo en la herencia recibida, repasó sus primeros meses de gestión y, por supuesto, dedicó largos y álgidos minutos a la AMP, a la que calificó de “corporativa, extorsiva y amenazante”.

A lo largo de su exposición, Giles insistió en negar que, como advierten en la Agremiación, se pretenda atentar contra la libre elección de médicos: “No está en riesgo, tampoco es cierto que queramos fundir las clínicas para luego quedarnos con ellas, no hay un proyecto en ese sentido y nunca lo hubo”, dijo, para luego arremeter: “Pero esa libertad no existe, es falsa y legitima un monopolio: el de la AMP, porque si no pertenecés a ellos no podés atender por IOMA”. Y reforzó: “Yo no defiendo monopolios, ni corporaciones, pero eso no quiere decir que esté en contra de la libre elección”.

A pedido de las comisiones de Previsión y Seguridad social (que preside Fabio Britos) y de Salud Pública (a cargo de María Laura Ramírez), Giles “visitó” la Legislatura poco después de que el IOMA sellara un pre-acuerdo con la AMP. Para eso fue necesaria la intervención del Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, ante un conflicto que no encontraba cauce, que empezó con la denuncia del Instituto contra 12 médicos por la presunta defraudación en unos ocho millones de pesos de facturación y tuvo su estocada final con la “prescindencia” del vínculo con la AMP, tras lo cual los médicos nucleados en la Agremiación interrumpieron la cobertura por IOMA. Luego de la mediación, se retomó la atención y empezó a correr una cuenta regresiva de 60 días hacia la búsqueda de un nuevo acuerdo.

“Si es necesario firmaremos un nuevo convenio -anticipó Giles-, pero permitan que otros médicos puedan trabajar por fuera de la Agremiación y no me pidan que valide un monopolio, ni que evite denunciar o prescindir de médicos que delinquen”. En esa línea, avisó que “si el problema son los 12 médicos que denunciamos, hay un problema mayor, porque se sumaron tres médicos más”.

En otro párrafo de su comparecencia, el titular del IOMA argumentó que la Provincia resolvió “prescindir de la AMP como agente de pago porque se desligó de hacer auditorías”, a la vez que reprochó como “maliciosa, irresponsable y mal intencionada” la interrupción en la cobertura médica de unos 300.000 afiliados.

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Por su parte, el vicepresidente de la AMP, Julián Barrales, aclaró en declaraciones a La Redonda que “no cortamos la atención, el paciente siempre fue atendido, pero al no tener convenio sí o sí ese paciente era particular. Los médicos decidieron que para trabajar por IOMA quieren hacerlo por a través de la Agremiación”, en tanto que admitió que “el más afectado fue, en principio, el afiliado; en segundo lugar, nosotros, con honorarios que no se pueden sostener, incluso con atrasos que no son nuevos”.

Además, Barrales defendió que la entidad a la que pertenece es “transparente, propusimos que nos auditen. Hay mucha confusión, esperemos que estos 60 días sirvan”.

Ante los legisladores, Giles sostuvo que, pese a romper con la entidad gremial, la obra social siempre garantizó la cobertura a sus afiliados, pero “ellos [por la Agremiación] salieron a decir que iban a atender a los pacientes como particulares y amenazaron a médicos para que no firmaran directamente convenios con IOMA”. Para el funcionario, la libre elección, implica también la potestad de los profesionales de elegir a sus representantes gremiales: “Pero sucede que la AMP funciona como patronal y sindicato, sin ser un gremio”, disparó.

Fue en el epílogo de este tema donde Giles se despachó con una temeraria acusación contra la Agremiación, a la que le pidió que “madure” y “revea sus conductas corporativas”, las que, dijo, “se cobran vidas”. Entonces, citó el caso de un vecino de Ensenada, de unos 60 años, que -siempre según la versión del funcionario- habría fallecido en la madrugada del último sábado luego de presentarse en la clínica con dolor de pecho y brazo y no ser asistido: “Era un paciente que fue a consultar a las 3.30 y se negaron a atenderlo. Nunca tuvimos conflicto con la Agremiación de Ensenada, pero por corporativismo y en solidaridad con la AMP empezaron a considerar a los afiliados como privados. Y así falleció”, relató Giles sobre lo que describió como “una locura. A ese nivel han llegado y después dicen que nosotros cortamos las prestaciones”.

Para Giles, “la mentira tiene patas cortas y en algún momento la AMP va a tener que dar explicaciones”.

Déficit

Al referirse a la situación general del IOMA, Giles advirtió un déficit heredado de 3.800 millones de pesos, mientras habló de una deuda recibida de más de 8 mil millones de pesos, “que se logró bajar a 6 mil millones”. El principal acreedor, según dijo, es la Cámara de Laboratorios, a la que se le debe unos 3 mil millones de pesos.

Esos pasivos, recordó, “se intentaron pagar con cheques, lo que devino en denuncias penales, porque el Estado no puede pagar con cheques, así que son deudas que están pendientes de negociación”.

También, el presidente de IOMA puntualizó que la obra social adeuda unos 180 millones de pesos a acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios, para los que se están conformando planes de pago en cuotas.

Al referirse a sus primeros meses de gestión, el funcionario enumeró, entre otras medidas, un acuerdo con laboratorios “que representará un ahorro de 300 millones de pesos por año en medicamentos” y la agilización en el proceso de compra digital de medicinas oncológicas: “Permite resolver en 15 días los trámites que antes demoraban tres meses”, destacó.

Además, valoró el plan de vacunación a domicilio que realizó el IOMA en medio de la pandemia, como así también la inversión de 300 millones de pesos mensuales -de 400 millones previstos- para la financiación de clínicas y sanatorios. Sobre ese salvataje, explicó que, ante la merma de la atención producto de la pandemia, la intención es “que se mantengan abiertas y con las camas disponibles, para que no corran riesgo de cierre”.

La AMP y el IOMA se tomaron una pausa de 60 días para elaborar un nuevo convenio